EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
Una cosa es predicar y la otra dar trigo. El Gobierno, en su deseo por ayudar a soportar la crisis a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), ha puesto en marcha a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), un órgano estatal, como es sabido, el que se puedan conceder créditos a este tipo de empresas. La cosa dicha así puede dar la impresión de que a las Pymes y gente a nivel personal, les sea fácil el acceso a este crédito oficial, pero resulta que en la práctica estas se ven negativamente condicionadas por una serie de requisitos que les impone la banca privada, gestora de los créditos ICO.
Como ejemplo voy citar a una pequeña empresa –dos socios y tres empleados- que no ha tenido problemas de descubierto en sus cuentas bancarias, tampoco figura en el RAI y cumple puntualmente las obligaciones adquiridas, dado lo cual no puede haber inconveniente alguno en concederle un crédito. Así estaban las cosas cuando los propietarios de esta pequeña empresa vieron la necesidad de renovar los medios informáticos en los que se soporta toda su actividad. Todo ello les suponía una inversión de algunas decenas de miles de euros y decidieron solicitar un crédito ICO por dicha cantidad. Así lo hicieron y a los pocos días les dijeron que no había inconveniente alguno en concederles el crédito, ahora bien había que cumplir determinados requisitos. Preguntaron cuales eran y les dijeron que de las decenas de miles de euros solicitados una tercera parte deberían destinarlos bien a la compra de acciones de la institución de ahorro, gestora del préstamo ICO, o bien dejarlos en un depósito hasta la fecha en que el crédito fuera liquidado por la empresa. O eso, o nada. Los solicitantes argumentaron que si ellos pedían esa cuantía era porque es la cantidad que realmente precisaban y que por tanto no iban a solicitar caprichosamente una cantidad superior y pagar unos intereses innecesariamente. Eso, dijeron, no tenía sentido. La respuesta fue la misma: O eso, o nada. Podría dar datos, nombres y lugares muy concretos pero no lo voy a hacer por motivos que usted comprenderá.
Yo no se si el Gobierno sabrá que esto está ocurriendo, no es solo este caso, y si lo sabe por que no pone coto a semejante tipo de extorsión, que si bien no es un acto de extorsión tal y como podría entenderse desde el punto de vista penal, si es una forma de coacción que se salta todos los métodos convencionales de lo que debe ser una actitud de buen hacer en un acto financiero a celebrar entre una institución de crédito y una empresa. Es evidente que esto no ayuda en absoluto a las Pymes ya que está imposibilitando su normal desarrollo al recortarles las ayudas que en teoría les ofrecen pero que en la realidad son muy otras. Es vidente, también, que algunas entidades de crédito bancos y cajas de ahorro, digo algunas por que en el caso de que fueran todas sería terrible, ya que esto solo ayudaría a reforzar la caja de estas entidades pero nunca contribuiría, en absoluto, a colaborar para solucionar la crisis que todos estamos padeciendo.
