EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
El dos de marzo de 1995 el diario Información de Alicante abría así el contenido de una noticia: “Una juez de Villajoyosa, Margarita Esquivas, ha encarcelado a un matrimonio que, aprovechando la presencia del titular del juzgado de Instrucción número dos en un bar de esta población, dijo en voz alta: “Todos los jueces son unos cabronazos y unos mariconazos”. La mujer, según obra en las diligencias por desacato abiertas por la juez, llamó también al portero automático del edificio en el que vive el juez y exclamó: “Este cabrón debe vivir aquí”. El juez que se considera insultado confirmó ayer a este diario que había puesto los hechos en conocimiento de su compañera pero declinó valorar la medida cautelar adoptada por ella”. La juez encarceló al matrimonio el 20 de febrero de 1995 en la prisión de Fontcalent poniendo en libertad al marido el día 27 al alegar que tenían que cuidar de una hija menor, y a la mujer el uno de marzo. El abogado defensor presentó un recurso en el que pedía que se pusiera en libertad a sus clientes, además de incidir en que los supuestos insultos se pronunciaron de una forma genérica y en un lugar público, no el juzgado. La pareja se pronunció de este modo manifestando su parecer sobre los jueces al considerarse maltratada por el juez en cuestión en la resolución sobre una cuestión de invalidez y que, según la pareja, este juez les estaba haciendo la vida imposible.
Desde hace ya bastante tiempo estamos asistiendo al desaforado ataque por parte de destacados dirigentes del PP contra jueces y fiscales poniendo en tela de juicio la independencia de estos, cuestionando su honradez, su profesionalidad y su imparcialidad y como colofón a todas estas acusaciones las palabras de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, asegurando que “la transición no ha pasado por el poder judicial”. Todo este tipo de imputaciones no se ha hecho en un bar sino teniendo delante a todos los medios de comunicación y aquí no pasa nada salvo el que la sociedad española se esté preguntando si son de fiar los jueces y fiscales, lo cual me parece extremadamente grave. Y no pasa nada, los del PP no cometen desacato como la pareja de Villajoyosa, porque con la reforma del Código Penal llevada a cabo en noviembre de 1995 este tipo de delito desapareció y por tanto pueden decir lo que les dé la gana sin que nadie les pida explicaciones, mucho menos encarcelarles como al matrimonio alicantino. Por lo visto lo grave no es cuestionar la dignidad de jueces y fiscales y respetar lo que estos representan, lo grave es llamar, en un bar, a un juez “cabronazo” y “mariconazo”, eso, dado lo que le ocurrió al matrimonio, si son palabras mayores a los que hay que poner coto de inmediato, lo demás parecer ser que es pura anécdota sin mayor importancia. En fin allá ellos, los jueces y fiscales, por consentir ese maltrato a su decencia. Aunque también responsabilidad de los legisladores el aprobar normas para evitar estas lamentables situaciones.
