A Jean François Revel le debemos el concepto de `Estado narciso´. “Teóricamente –escribe el intelectual francés- simple utensilio de la voluntad colectiva, el Estado tiende cada vez a convertirse de medio en fin, poniéndose a su propio servicio y marchando mecánicamente hacia una meta constituida por el totalitarismo en el interior y el imperialismo en el exterior”. Revel, en el momento de escribir esto, está pensando, sobre todo, en los países del antiguo Bloque del Este, pero, en realidad, esta “tentación totalitaria” es una enfermedad presente en todos los países, aunque exacerbada patológicamente en los del “socialismo real”.
En el fondo de esta ideología hay un presupuesto claro: el Estado es moralmente superior. Y esta premisa se desarrolla en dos identificaciones que en el fondo suponen un mecanismo argumentativo bastante simple: a) Lo estatal = lo público. b) Lo público = lo bueno. Según esto, se supone que hay un mundo maniqueo donde la distinción entre el bien y el mal está muy clara: el Estado (lo público) es lo bueno, siempre actúa desinteresadamente, en beneficio de la mayoría y sobre todo de los más desfavorecidos. La iniciativa privada es lo malo: busca el propio interés (supongo que este señor estaba pensando preferentemente en el interés económico), no el general. Consecuencia de este corolario es que el Estado debe actuar para corregir la labor `desigualitaria´ de la iniciativa privada, idea que está en la base de todo pensamiento socialista o socialdemócrata; pero esta es otra cuestión. Hay un matiz que no puede olvidarse: este interés (bueno o malo, público o privado, religioso o laico) si es económico (lo que llamamos el ánimo de lucro) es más `interesado´, valga la redundancia, y moralmente inferior a otros intereses (religioso, social, de satisfacción personal…) que parecen ser de más nobles intenciones.
Estos presupuestos suponen una falacia, a poco que se le aplique un análisis riguroso. Por una parte, el concepto de lo público es una nota inherente al concepto de Estado, pero no lo determina ni supone su nota exclusiva. Que la oposición público-privado termine siendo la de estatal-no estatal, responde a una antigua estrategia que termina imponiendo una falsedad a fuerza de repetirla. Hay otro punto que muestra su débil fundamentación: la neutralidad moral connatural al Estado. El Estado, ente jurídico abstracto, está ocupado por grupos de interés, representantes de sectores sociales, partidos; familias o clanes (en casos de Estados no democráticos), en suma, por hombres con sus debilidades y grandezas. No puede haber una neutralidad moral. Y habría que decir algo más: el concepto mismo de neutralidad moral es una contradicción en sus propios términos, ya que precisamente moral significa toma de posición, hacer que los actos humanos tengan una dirección determinada y, por tanto, un sentido. En el momento en que se toma una determinación, un conjunto de intereses se pone en movimiento inevitablemente. Ningún acto humano, ni siquiera los estatales, escapan de esta ley fatal. Pero si este concepto de neutralidad se ve como imposible, también lo es el de superioridad. La historia demuestra que ha habido Estados perversos, que han actuado en contra de los intereses de sus ciudadanos; sería el caso de los Estados predemocráticos o antidemocráticos. Pero también en el moderno Estado democrático esto es posible, la diferencia entre ambos es clara -y abismal-: en el segundo hay unos mecanismos de control, corrección y cambio, que hace posible rectificar o paliar cualquier error.
Frente a este `Estado narciso´ que se expande y justifica su expansión de forma ilimitada hay que vindicar el concepto de sociedad civil, esto es, la actividad de aquellos grupos orgánicos, como la Iglesia católica, que tienen una repercusión pública, que buscan su propia promoción, pero que, en esta misma dinámica, contribuyen al bien común de una forma clara. En las democracias hay una serie de garantías que formalmente defienden los derechos de los ciudadanos y de los grupos no estatales frente al posible abuso y arbitrariedad del Estado. Pero eso es una defensa pasiva; es necesario algo más: una actividad viva, influyente de la iniciativa social, que actúe por su cuenta -siempre dentro del marco jurídico que establece reglas del juego claras-, fomentando iniciativas de todo tipo: culturales, religiosas, económicas, educativas. De hecho, la iniciativa social debería ser el `contenido´de la dinámica social, mientras que el marco público estatal sería la forma. Se rescata la vieja idea de la `mano invisible´ de Adam Smith, pero no en el campo económico, sino en el social y educativo. Cada parte activa de la sociedad civil busca su propio provecho y, al tiempo, está logrando el de toda la sociedad, en una actividad personal y colectiva que puede tener sus contradicciones y consecuencias negativas, pero cuyo sentido general es beneficioso. Si el Estado asume, por ejemplo, toda la iniciativa en la educación, si no deja espacio a la Iglesia, a la familia, el resultado será a la larga negativo. La sociedad puede adormecerse, puede acostumbrarse a que el Estado lo haga todo por ella; una situación así puede ser letal, y algunas experiencias históricas en este sentido hemos conocido en el siglo XX.
