La política, por encima de intereses privados

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A pocos políticos les tiembla la mano a la hora de recortar derechos sociales conquistados con esfuerzo y no poco sufrimiento. Estas medidas no sorprenden cuando llegan de la mano de partidos con agendas neoliberales y privatizadoras. Pero la ciudadanía se cuestiona el sentido de la democracia representativa cuando toman esas decisiones partidos “socialdemócratas” y “de izquierdas” que ganaron en las urnas.

Mientras el partido de la oposición en España, de tradición neoliberal, hace suyo el discurso “en defensa de la clase trabajadora”, el gobierno argumenta que sus medidas impopulares “eran necesarias para calmar a los mercados”.

Cuando las agencias de rating rebajaron la calificación de la deuda española hace unos meses, el Fondo Monetario Internacional (FMI) “recomendó” al gobierno de España hacer recortes sociales para reducir el déficit. Se redujeron los sueldos de los funcionarios públicos, se suspendieron ayudas para los parados y las ayudas monetarias directas para la maternidad, que le habían dado fuerza al gobierno en su discurso a favor de los derechos sociales en su campaña electoral. “Nunca renunciaremos a esos principios a pesar de la crisis”, llegó a decir el presidente semanas antes.

Esto sucedió en julio, pero los sindicatos prefirieron esperar a que pasaran las vacaciones de verano para convocar una huelga general. El miedo a perder el trabajo, la apatía general ante métodos obsoletos de movilización y el miedo a que “los mercados” se cebaran aún más con España y empeorara la situación dieron como resultado una movilización pobre. Ni siquiera el desencanto de la ciudadanía con los políticos, como indican las encuestas, es capaz de despertar a millones de ciudadanos del letargo consumista en el que muchos se refugian.

Los sindicatos han anunciado nuevas movilizaciones. Hace unas semanas, después de nuevos ataques de los escualos de las finanzas europeas, el gobierno anunció una reforma de las pensiones. Entre las medidas previstas está la de retrasar la edad de la jubilación, de los 65 a los 67 años. La ciudadanía considera abusiva la medida por la facilidad que han tenido muchos trabajadores y empresarios en los últimos años para prejubilarse. Una proporción significativa de esas prejubilaciones corren a cuenta del Estado, con los impuestos de los demás ciudadanos.

La lógica de recortes de derechos para calmar a “los mercados” equivale a la que llevó a tantos gobiernos a inyectar miles de millones de dólares a la banca privada para tapar sus agujeros. Se trataba de mendigar la confianza de los inversores y de evitar el colapso de la economía aunque, para las rentas medias y bajas, ese colapso se hubiera producido ya. Nada de los fondos millonarios que se inyectaron a la banca privada se han reinvertido en la economía real por medio de préstamos a los autónomos y a las pequeñas empresas.

Las respuestas de los gobiernos – de izquierdas, de “centro” y de derechas – ante la crisis económica nos dejan ver una radiografía que muestra a quién sirve la “clase política”. Los gobiernos han sido incapaces de poner en marcha las medidas que prometieron para gravar las transacciones especulativas en las finanzas; han maquillado los paraísos fiscales en lugar de acabar con ellos; no han prohibido o limitado los movimientos especulativos de capital, en especial las que atacan a las economías de ciertos Estados; han “salvado” a los bancos privados con dinero público. Han refundado el mismo capitalismo que llevó a las finanzas al borde del colapso.

La clase política de hoy está al servicio del poder económico: la banca, las grandes corporaciones y los mercados financieros. Para favorecer a estas minorías, se toman medidas contra la población que vota y a la que dice representar. Para mantener parte de su poder, los “servidores públicos” se dejan seducir por estos intereses privados a los que luego benefician. En esto consisten los lobbies o “grupos de presión”. La democracia representativa pierde su sentido cuando los políticos se convierten en marionetas del Banco Mundial, del FMI y de las grandes corporaciones. La alarma para que los ciudadanos se movilicen para recuperar los espacios públicos y el sentido del “bien común” ha llegado cuando da lo mismo votar por los socialistas, por los “Verdes”, por la derecha o por el partido que sea. Aún así, no todo es igual.

Carlos Miguélez Monroy

Coordinador del CCS y periodista

ccs@solidarios.org.es

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