Estos días circula por la Red la revelación de los abundantes privilegios de que gozan los políticos profesionales españoles. Escandaloso.
Y, si indagamos los ingresos de la mayoría de políticos profesionales (y también de cargos institucionales como el gobernador del banco central español), comprobaremos que los ingresos de quienes tienen mayor capacidad de decisión en los asuntos de todos son realmente jugosos. ¿Quién decía que Roma no paga a los traidores?
Quizás eso explique el tremendo servilismo de la mayoría de la clase política española, arrodillada ante la minoría privilegiada (la clase dominante), a la que sirven con una lealtad digna de mejor causa. Aunque para ser justos hay que añadirle la fervorosa colaboración de responsable de medios informativos y otros especímenes similares para convencer a la población de la falacia de que las medidas que les arruinan la vida no solo son las mejores, sino las únicas. España es hoy arquetipo y paradigma de cómo la minoría privilegiada se enfrenta a la crisis controlando el Estado en su exclusivo beneficio.
Son conocidos los recortes sociales que el gobierno de Zapatero ha perpetrado: reducción del salario de funcionarios, congelación de pensiones, reducir partidas sociales en los presupuestos del estado… Y hay agresiones que amenazan a la mayoría con reformas presuntamente necesarias para reducir el déficit y aumentar la competitividad. Una reforma laboral cuyo desarrollo supondrá que los convenios colectivos por sectores económicos harán tabla rasa de los derechos laborales conseguidos en medio siglo, obligando a negociar todo desde cero. Lo que significará perder muchos derechos. Y la reforma de las pensiones públicas impondrá más edad para jubilarse y un cálculo injusto que reducirá la cuantía de las pensiones de la mayoría.
La OCDE aplaude los planes neoliberales de Zapatero. Pero como la minoría privilegiada es inaciable, ésta propone a Zapatero que aumente el Impuesto de Valor añadido (IVA) e impuestos especiales: subir los impuestos que pagan todos y no distinguen entre pobres y ricos. Y, para que no haya dudas sobre a quien se sirve, la OCDE pide al gobierno español que rebaje las cotizaciones sociales que pagan los empresarios (las que nutren la Seguridad Social), y reduzca el impuesto sobre sociedades.
En mi ya larga vida no recuerdo tanta cara dura ni tanta desfachatez como la de estos días. Como en una película del Far West o de gángsters de Chicago años 30, todo para los que ya tienen mucho y casi nada para los demás.
En España, la economía la controlan unas 1.400 personas, según documentado estudio de los consejos de administración de bancos y grandes empresas del catedrático de economía Iago Santos. Y recordemos que, en el mundo, la minoría privilegiada, según Merrill Lynch y Capgemini, son 93.100 personas que poseen más de 30 millones de dólares (sin contar valor de primera vivienda, bienes consumibles y bienes coleccionables, entre otras excepciones). La suma de toda esa riqueza es tanta como el PIB de toda la Unión Europea. Merrill Lynch y Capgemini, además, prevén que, en 2013, los ricos serán mucho más ricos. Han convertido la crisis en un negocio beneficioso a costa de la ciudadanía.
En el otro extremo del arco (el más numeroso por otra parte), gran parte de la clase trabajadora y de las mal llamadas clases medias sufren y sufrirán más paro, precariedad y pobreza. En España, por ejemplo, a día de hoy, una quinta parte de la población está bajo el umbral de la pobreza. Y en Estados Unidos, según datos de la Oficina Federal del Censo, casi 44 millones de estadounidenses vivían en 2009 bajo el umbral de la pobreza; uno de cada siete. El profesor de economía Juan Torres nos explica que el 1% de los estadounidenses más ricos obtuvo el 23,5% de los ingresos brutos del país en 2007, cuando en 1976 solo conseguía el 9% (La desigualdad de ingreso, Robert H. Frank). Y durante el gobierno de Bush, el 1% más rico de la población se apropió del 75% de la riqueza generada (David DeGraw, «The Economic Elite vs. People of the USA).
El plan para reducir e incluso eliminar los derechos de la ciudadanía y convertir economía y política en una jungla controlada por muy pocos está en marcha. Si lo permitimos los ciudadanos, claro.
Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor
