Sabido es que los españoles somos muy dados al chascarrillo y al sarcasmo y que nos tomamos a broma muchas cosas serias de la vida, no hay más que ver que cuando en una corrida de toros donde un hombre se enfrenta a un toro y está arriesgando su vida, suenan los alegres compases de un pasodoble. Somos así.
Es por lo dicho anteriormente por lo que me estoy dando cuenta de que el caso Bárcenas hay algunos que se lo han tomado a cachondeo y que están poniendo la nota de humor y de ironía en un asunto muy serio como el que este escandaloso asunto ha despertado en la ciudadanía. En este caso nos encontramos con personajes que han declarado ante el juez y que como en el caso de los exsecretarios generales del PP, Arenas, Cascos, Acebes y del actual, María Dolores de Cospedal, al ser interrogados han eludido responder a muchas preguntas manifestando que “no se acuerdan”, a este se le une el caso de los discos duros correspondientes a los ordenadores que utilizaba Luis Bárcenas, que han desaparecido o han sido manipulados, así como la “desaparición” de las agendas del extesorero y exgerente del Partido Popular que según las secretarias que controlaban sus agendas, las tiraron a la basura. La verdad es que esto suena a burla y denota una enorme falta de respeto a la justicia y sobre todo al juez Pablo Ruz que es quien la representa en este caso.
Pero el colmo del cachondeo, más bien del recochineo, se pone de manifiesto cuando se presenta a declarar ante el juez el gerente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas Cañada, para que diga si recibió de manos de Bárcenas 200.000 euros según consta en un recibo firmado por el gerente de Cospedal, ante esta pregunta por parte del juez el gerente castellano-manchego éste respondió que no recibió dinero alguno y que accedió a firmar el recibo por el carácter “violento” de Bárcenas y porque se trataba de “la orden de un superior” y él acababa de ser nombrado gerente y temía por su empleo. Hay que señalar que el gerente de Cospedal, José Ángel Cañas Cañada, es abogado de profesión y ejerce como tal desde 1993 por tanto creo que era muy consciente del riesgo y la responsabilidad que contraía al firmar un recibí de 200.000 euros que según él nunca recibió. Eso lo puede hacer un tonto del haba, pero nunca una persona normal y mucho menos cuando ejerce como letrado.
Tampoco se ha librado el juez José Castro que es quien instruye el sumario del caso Urdangarín. El pasado día 17 este juez se desplazó a Valencia para interrogar como testigo al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francesc Camps, pero este le dio unas cuantas “largas cambiadas” y estuvo jugando al escondite sin que el juez pudiera interrogarle.
Yo en esto de las leyes soy un lego total y absoluto pero considero que bien en el Código Penal o en el Civil, debería existir algún artículo en el que fuera condenable el hecho de que un testigo o un imputado intente mofarse de un juez, puede mentir una persona a la que se le esté juzgando por algo, puede mentir o negar la realidad, pero no es admisible cuando acude ante la justicia para declarar como testigo o como persona que pueda ayudar a que un procedimiento judicial tenga la mayor claridad, eso creo que se trata de una falta de colaboración o de obstrucción a la justicia y eso si sé que está penalizado.
En cualquier caso en este país estamos asistiendo al insólito caso de que la Fiscalía viene oponiéndose sistemáticamente a que personalidades del mundo de la política o personas muy allegadas a ellas sean imputadas por un juez, es el caso de la Infanta Cristina y de los políticos del PP Acebes, Cascos y al marido de Cospedal por el caso Bárcenas. Normalmente la Fiscalía nunca pone objeción alguna a que el juez impute o emplace a declarar a cualquier ciudadano. Claro, que hay ciudadanos y ciudadanos. Este país va por mal camino.
