La autoproclamada izquierda política de este país vive anclada en creencias obsoletas e ideologías caducadas que en su día tuvieron sentido pero que en la sociedad actual no son más que pura demagogia barata basada en falacias económicas y sociales.
La más equívoca de las falacias de la izquierda es la que atañe a la gestión de los servicios públicos. Por una herencia pretérita los izquierdistas de pro identifican, de manera errónea, servicio y gestión, cuando se trata de dos conceptos totalmente distintos.
Un servicio es aquello que se ofrece al receptor final, mientras que la gestión es la forma en la que se organiza la ejecución de ese servicio, la manera en la que se gestionan los recursos escasos para ofrecer la máxima calidad final.
Extrapolaré, ahora, la falacia al servicio público que no es otra cosa más que el servicio que se ofrece a todos los ciudadanos de una sociedad por igual, sin distinción alguna, y con acceso equitativo para todos.
La izquierda proclama a los cuatro vientos que un servicio público debe de ser gestionado de manera pública, lo cuál es un craso error. La gestión pública es, por definición, ineficiente porque está regida por funcionarios, los cuáles son adecuados para la administración pero nefastos para la gestión, por lo que lo más correcto sería una gestión privada de los servicios públicos.
Á‰stos seguirían siendo públicos a todos los efectos, pero la gestión se realizaría de manera privada, de forma que la Administración Pública con competencias ya no tendría que mantener a una ingente cantidad de funcionarios apáticos sino que se limitaría a abonar el pago estipulado por la gestión y a pagar el salario de los supervisores de dicha gestión que serían, eso sí, funcionarios públicos.
El ejemplo más paradigmático sería el de la sanidad. Todos sabemos que su gestión es ineficiente y cualquier profesional de la gestión reconoce errores de bulto en el modelo organizativo de cualquier hospital español.
Una gestión privada de una sanidad pública sería la solución ideal para la sostenibilidad del modelo de bienestar nacional. No sólo no empeoraría el servicio ofrecido al ciudadano sino que mejoraría ya que las empresas concesionarias competirían en calidad por sus concesiones.
Basta ya de ataduras ideológicas caducas. La izquierda debe reinventarse y olvidar viejas afrentas y reivindicaciones pretéritas, hoy los servicios públicos ya no son algo por lo que luchar sino algo a mejorar y la gestión privada con supervisión pública es el camino.
¿Se atreverá la izquierda a dar el salto cualitativo o se aferrarán a su propaganda electoral obsoleta?
