Años atrás, cuando una familia carecía del numerario suficiente (moneda acuñada), era muy normal que se les adjudicara el despectivo calificativo de «viven de prestado«. Pues bien, en lenguaje macroeconómico, el preferido últimamente el por el presidente Rajoy, es lo que está sucediendo en este país nuestro, cuya deuda en el conjunto de las administraciones públicas ya ha superado en el segundo trimestre el billón de euros, que representa el 98,9% del PIB, porcentaje que al final del 2015 alcanzará el 101,7%, situación que el Gobierno asume tranquilamente mirando para otro lado y eludiendo afrontar los necesarios recortes. Cualquier cosa menos aplicar ajustes y despidos en empresas públicas y mucho menos en épocas preelectorales, donde mantienen a muchos miles de instalados y enchufados, encargados de gestionar el voto para el PP en todos los comicios. Algo similar a lo practicado por la Junta de Andalucía desde hace más de 30 años, pero a nivel de todo el territorio nacional, con excepción del País Vasco y Cataluña.
Cuando se radicaliza una crisis como la actual, siempre es el sector privado el primero en sufrir las consecuencias, reaccionando y aplicando los recortes necesarios. Las empresas, para subsistir, se ven obligadas a reducir plantillas, lo que implica despidos, y por ende, incremento del paro y el consiguiente descenso del consumo. En sentido contrario, lo que resulta de todo punto inadmisible es que el sector privado no actúe con el mismo rigor, respondiendo con unos incrementos de gasto intolerables. Según los datos aportados por el Banco de España, la administración central creció un 8%, los ayuntamientos el 7,5% y las CC.AA. el 15,7%, evidenciándose que el mayor nivel de endeudamiento corresponde a Cataluña, que alcanzó los 62.000 millones de euros, donde uno de cada cuatro euros de deuda corresponde a la Generalidad, que para mayor descaro, una parte considerable está invirtiéndose en gastos generados para lograr la independencia. Otro dato preocupante a considerar es que mientras en el 2007 correspondía a cada español 8.300 euros del montante total de la deuda, hoy, esa cifra alcanza los 21.800 euros.
Sin crecimiento económico y con un 25% de paro, el Estado recauda menos y gasta más, con lo cual sube el déficit y como consecuencia una mayor deuda deuda que nos obliga a pagar más interesas. Si el Gobierno no recorta el gasto inútil, y no solo en empresas públicas, nuevamente recurrirá a la creación de nuevos impuestos o a subir los ya existentes. El desastre está servido y las autonomías seguirán gastando a su aire, obviando el preguntarse si nuestra economía puede permitírselo y continuar despilfarrando. El desprecio e indiferencia con que se actúa resulta incalificable. El Jefe del Ejecutivo evita abordar el problema y la oposición parece no querer enterarse o disimular. Si el nuevo Secretario General del PSOE, Pedro Sánchez, en lugar de dedicarse a su propio lucimiento y elogios a su mentora, Susana Díaz, encargara un pormenorizado estudio de todas y cada una de las empresas públicas existentes y ministerios, analizando: contenido, presupuesto, gasto, rendimiento, plantilla necesaria, eficacia, etc. etc., los ciudadanos, y no solo los votantes del PSOE, le quedaríamos inmensamente agradecidos por los miles de millones que podrían ahorrarse.
En segundo lugar, olvidarse de tanto canto inútil a la honradez, regeneración y condena de la corrupción que son innecesarios. Simplemente exigiendo lo robado con anterioridad y cortando radicalmente todos los circuitos susceptibles de apropiaciones indebidas, dispondríamos de suficientes recursos para reducir la deuda e invertir en aquello que verdaderamente necesitamos, léase formación, investigación y desarrollo para la creación de puestos de trabajo y reincorporarnos a la prosperidad como los restantes países de la CE, erradicando la crisis y reduciendo desempleo, pobreza, desigualdad y decadencia.
Oír como les repugna y condenan la corrupción Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía y el Secretario General del PSOE, mueve a la hilaridad. Ambos hablan en sus comparecencias siempre en futuro, pero ninguno quiere responsabilizarse de lo ocurrido hasta ahora, como si los latrocinios cometidos no guardasen relación con su partido; sencillamente vergonzoso ¿tan imbéciles les parecemos a estos dos políticos?
Sánchez ya está siendo criticado en algunos círculos de su partido por torpón en el enfoque de los problemas, de ahí el crecimiento de la intención de voto en el PP. Cerrando los ojos, en alguna de sus comparecencias recuerda al nefasto Zapatero. Diariamente puede leerse en toda la prensa de papel y digital, la comisión de presuntos delitos de corrupción de todo tipo, incrustada preferentemente en los partidos políticos, pero ni una sola consecuencia penal que es lo demandado por la sociedad. Verlos encerrados en la cárcel y solicitando préstamos para restituir lo robado. Justamente el motivo porque Transparencia Internacional ha empeorado su percepción de lo que está ocurriendo en España.
Para terminar, decir que existe otra fuga soterrada de fondos públicos que no se está contemplando y de difícil cuantificación. Cuando un director general, presuntamente corrupto, contempla la posibilidad de adjudicarse unos ingresos extralaborales, indefectiblemente en la mayoría de los casos se ve obligado a contar con la colaboración de terceras personas, a las cuales en su condición de cómplices, se verá en la obligación de consentirles la comisión de ciertas corruptelas que les proporcionen igualmente unos ingresos extra pero en cantidades menores, pasando a convertirse en participantes de la mordida nacional a cambio de un escrupuloso silencio que también tiene su precio.
