Cuesta creer que el ejército y los grupos empresariales hondureños no cuenten con apoyos extranjeros al desafiar así a la comunidad internacional, que exige por unanimidad la vuelta de Manuel Zelaya al gobierno.
José María Aznar, ex presidente de España, pide «respeto de la legalidad por todos» en Honduras. Así, justifica la deposición de Manuel Zelaya por quebrantar el artículo 239 de la Constitución, que prohíbe cualquier propuesta de reforma que permita la reelección de cualquier presidente.
Desde un enfoque constitucionalista, la propuesta de consulta costaría a Manuel Zelaya diez años de inhabilitación. Sin embargo, parte de la comunidad internacional cuestiona la base legal del procedimiento que ha seguido el congreso: ordenar la intervención del ejército en un asunto político, cuando su deber es seguir las órdenes de su comandante en jefe, en lugar de promover un juicio político.
Expertos en política internacional sostienen que el sucesor de Manuel Zelaya estaba elegido antes de su secuestro y que el Tribunal Constitucional se ha extralimitado en sus funciones al avalar el cambio de gobierno.
Los detractores de Manuel Zelaya insisten en que tanto el Congreso como el Tribunal Supremo Electoral habían establecido la ilegalidad de la consulta popular. A pesar de ello, Manuel Zelaya se negó a la restitución del jefe de Estado Mayor que había perdido su puesto por negarse a dar apoyo logístico a la consulta popular.
Parte de la opinión pública hondureña sostiene que si se hubiera llevado a cabo el referéndum, el presidente depuesto la habría perdido. Entonces, ¿a qué temían el congreso, el ejército y los grupos empresariales que ejercen presión sobre Manuel Zelaya desde hace unos meses?
Una parte representativa del pueblo hondureño considera positiva para el progreso de su país la posibilidad de presentarse a un segundo mandato, como sucede en países conocidos en el mundo como democracias: España, Francia y Estados Unidos.
A la comunidad internacional le chirrían los calificativos de «dictador» a quien lleva adelante una consulta popular frente a tanta resistencia del congreso y de las Fuerzas Armadas. Los defensores del presidente depuesto sostienen que la consulta no pretendía por sí sola reformar la constitución, sino buscar apoyo popular para una propuesta de modificación de la Carta Magna.
La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA) han condenado por unanimidad el secuestro y el traslado a Costa Rica del presidente y la represión a los hondureños que lo apoyan. Además «exigen» su vuelta y «el restablecimiento del gobierno legítimo».
El presidente provisional, Roberto Micheletti, niega cualquier posibilidad de negociar sobre este punto. Además, advierte de que Zelaya será encarcelado si vuelve a pisar territorio hondureño porque tiene pendientes varias órdenes judiciales en su contra.
Cuesta explicar el tono del nuevo mandatario frente a la condena de grandes potencias políticas y económicas como la Unión Europea y Estados Unidos sin sospechar de algún apoyo en el extranjero. Grandes grupos empresariales y trasnacionales se han opuesto desde 2008 a la adhesión de Honduras a la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA), al considerarla contraria al Tratado de Libre Comercio entre Honduras y Estados Unidos que se firmó y rarificó hace tres años.
Aunque el gobierno estadounidense se desmarca de lo que algunos llaman golpe de Estado y otros un procedimiento legal, la intervención extranjera en América Latina ha facilitado la participación militar en política desde hace más de cincuenta años.
Los países del Cono Sur que vivieron dictaduras militares en los ’60 y 70′ habían logrado reducir la distancia entre pobres y ricos por medio de programas públicos que fortalecieron a las clases medias y desafiaron a las más ricas. Á‰stas consideraron desproporcionados los impuestos que tenían que pagar y absurda la idea de redistribuir así la riqueza pues, según ellos, frenaba el progreso de sus países.
El fracaso de los programas de intercambio universitarios para inculcar los valores de Milton Friedman y de la Escuela de Chicago aceleró la participación directa del Gobierno estadounidense en bloqueos económicos y suspensiones de ayuda en casos como el de Chile. Así quedó preparado el terreno para ahogar las economías, despertar el descontento popular y facilitar las operaciones encubiertas de la CIA.
Casi 40 años después, las oligarquías latinoamericanas mantienen su círculo de influencias en el exterior para impedir la llegada de un nuevo y necesario orden regional al que se oponen influyentes medios de comunicación y las clases más ricas.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista
