Blanca, Montse, Enric, Ainhoa, Rosella… son profesionales que querían trabajar para vivir en un mundo mejor, donde todo el mundo tuviese cabida. Son cooperantes de organizaciones serias, desplazados al terreno para trabajar mano a mano con los “nadies” de este planeta, en palabras de Eduardo Galeano. Y, además, todos tienen en común que han sido secuestrados para ser moneda de cambio por grupos terroristas o activistas de organizaciones armadas. Los secuestros en Kenia de las cooperantes de Médicos sin Fronteras (MSF), en Tinduf de tres trabajadores humanitarios y en Somalia, de dos cooperantes de una ONG Danesa, demuestran que ser cooperante se ha convertido en una profesión de riesgo.
Los países en los que trabajan las ONG y otras agencias humanitarias, es cierto, no son idílicos. Son lugares en emergencia, a veces en guerra o con conflictos armados abiertos. Las personas que deciden trabajar como cooperantes asumen el grado de riesgo con la ilusión que supone trabajar para los demás. Sin embargo, en los últimos diez años, los ataques a las organizaciones civiles se han triplicado, según los datos de Naciones Unidas. Ha habido más de 100 cooperantes muertos y, tan sólo en 2010, 87 trabajadores de ONG fueron secuestrados en sus lugares de trabajo.
“La industria del secuestro en países de África se está incrementando; y el hecho de que se sepa que se acaba pagando, alimenta esas acciones”, explicaba a un diario español Ignasi Carreras, director del Instituto de Innovación Social ESADE y ex director de Intermón Oxfam.
El sufrimiento por los secuestros y los ataques a los trabajadores y voluntarios de las ONG no sólo es para las familiares y amigos… también para los millones de personas a las que ayudan cada día. La ayuda humanitaria y la cooperación al desarrollo sólo puede ser entendida si existen unas garantías de seguridad para las personas que van a compartir espacio y sufrimientos con los pobres y desfavorecidos. Al día siguiente de que las dos cooperantes españolas de MSF desaparecieran, esta organización y otras que trabajaban en el campo de Dadaab, en Kenia, evacuaron su personal del campo y sólo entrarán para atender situaciones extremas, “de emergencia”. Esa es una realidad dolorosa. Más de 450.000 personas hambrientas y sin agua se han quedado sin una ayuda indispensable. Tampoco podrán contar con ellos los refugiados saharauis de Tinduf, ni tampoco con aquellos que ayudaban a destruir minas antipersona en Somalia.
En cuestión de seguridad, es necesario que se den unos mínimos para que la ayuda sea posible. “Y hay que ir caso por caso, ya que no se pude establecer el mismo protocolo de seguridad en todos los países”, explican desde la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (Congde), que agrupa a más de 400 organizaciones españolas. Todos los profesionales necesitan unas mínimas condiciones para poder estar a la altura de quien nos necesita. No se puede ayudar si piensas que tu vida está en peligro. Al igual que los periodistas han de ser respetados cuando están ejerciendo su profesión, aunque sea en lugares con condiciones difíciles, los cooperantes deberían tener un status similar. Al igual que si hay un conflicto, el periodista tiene el deber de informar, las ONG no pueden quedarse de brazos cruzados en los lugares que los reclaman, por personas que les interpelan.
Es cierto que hay cosas que se pueden mejorar, es cierto que los protocolos de seguridad pueden adaptarse mejor, es cierto que hay que hacer un análisis real de la situación en la que se va a trabajar, que el personal local en lugares de conflicto son una mejor opción que un expatriado del Norte… Pero también lo es que mientras gobiernos y organismos internacionales no pongan cartas en el asunto y trabajen para conseguir políticas de mejor redistribución de la riqueza, políticas a favor de las personas… la labor de las ONG y “sus” cooperantes seguirá siendo necesaria.
Ana Muñoz Álvarez
Periodista
