El conflicto minero en Perú por la mina de oro llamada Conga y otras en la región de Cajamarca no tiene cuándo acabar. Hace unos días se nombró a Gastón Garatea, gestor social y ex cura católico, para que medie entre el Gobierno Central, el Gobierno Regional de Cajamarca y las empresas mineras, pero el Arzobispo del Opus Dei de Lima, Juan Luis Cipriani, además de separarlo de la Iglesia (porque, según Cipriani, Garatea está a favor de las relaciones homosexuales, el aborto y la eutanasia), lo ha desautorizado para que medie en este conflicto. Y hace unos días, en un enfrentamiento entre pobladores de la zona y la policía peruana, murieron cinco personas. Esto ocurrió en pleno estado de emergencia de la Región decretado por el Gobierno del presidente Ollanta Humala ante una serie de protestas que cada vez se volvían más violentas.
Meses atrás Humala y las empresas mineras encargaron un estudio de impacto ambiental para saber a ciencia cierta los perjuicios que ocasionaría llevar a cabo la explotación de esta mina y se llegó a la conclusión de que las empresas mineras deberían construir embalses de agua para abastecer a la población, ya que el proyecto minero pasa por unas lagunas naturales que actualmente proveen de agua a los cajamarquinos. Pero el gobierno regional de Cajamarca, encabezado por su presidente Gregorio Santos, también encargó, a través de la ONG Grufides, su propio estudio de impacto ambiental con resultados contrarios al de Humala y las empresas mineras. Y así han transcurrido semanas y meses y no se ha llegado a ningún acuerdo, sino, más bien, las protestas se han vuelto más violentas y no hay señales de cuándo acabar este pandemonium generalizado en el norte de Perú.
Por otro lado, cabe indicar que este proyecto minero reportaría unos altísimos ingresos fiscales al Estado peruano. Además de ser un gran negocio para las mineras Yanacocha y Newmont ya que a día de hoy el valor del oro ha alcanzado máximos históricos. Sin duda es un gran negocio, pero también está en juego la salud de la población y el abastecimiento del agua.
Una de las soluciones sería que las tres partes implicadas: Gobierno Central, Gobierno Regional y las empresas mineras, se somentan a un arbitraje legal para que de una buena vez se decida si el proyecto Conga va o no va. Y así evitar más víctimas mortales, el estancamiento de las inversiones en Perú o una posible contaminación atmosférica y de las aguas de la Región de Cajamarca. Las tres partes tienen que comprometerse a respetar la decisión que tome el posible arbitraje.
Este conflicto lleva meses sin resolverse y cada día perjudica no sólo a la población local sino a todo el Estado peruano. El arbitraje legal es un método eficaz que ha resuelto muchos conflictos entre empresas privadas y públicas. Además, las cifras de muertos y heridos es intolerable. Un país democrático como Perú no se puede permitir que estos problemas dificulten su desarrollo ya que lleva años de crecimiento y esto favorece a los sectores más desfavorecidos de la población. Sin embargo también debemos tener el cuenta la razón de las protestas de los pobladores, porque se podría estar jugando su futuro. En otras zonas de Perú la minería ha afectado negativamente el medio ambiente y esto está insertado en la mente de la población. Por eso urge una solución a medio plazo, mediante un arbitraje legal sobre este asunto, y se decida de una vez si Conga va o no va.
*Imágenes google.
