Presento mi alegato de inocencia, previa al encausamiento general, ante la acusación de carga general contra el Estado de las Autonomías, creo en él, y considero que ha permitido la vertebración de nuestro país en una amplia dimensión, pero, a la vez, ha proporcionado vías de escape incontroladas del gasto público, dinero de todos que ha sido gastado a espuertas, sin el debido control y con más que dudosa utilidad.
El empeño de duplicar a la Administración Central en cada punto cardinal de nuestra geografía ha generado un incremento innecesario e indebido del gasto, el cuál quedaba escondido tras la cortina de humo del crecimiento económico, durante los años de bonanza, pero que ha quedado al descubierto en cuanto el castillo de naipes que entre todos construimos se vino abajo.
Los datos del déficit público que conocimos en el día de ayer no hacen sino corroborar la posición crítica que todos deberíamos mantener, porque es inaceptable que la Administración central sí haya podido cumplir sus objetivos, mientras que los gobiernos autonómicos se los han tomado a la ligera y han mantenido su nivel de déficit sin apenas inmutarse.
Ya va siendo hora de que en este país los políticos asuman sus responsabilidades de una manera honesta y rigurosa, dejando de tirar balones fuera y de culpar de sus problemas a cualquiera que pase por allí. Todos los responsables de los gobiernos autonómicos que no han cumplido con sus objetivos deberían de dimitir de manera inminente porque son responsables de sus actos, por acción o dejación, y no podemos permitir que personas incompetentes gobiernen este barco a la deriva.
Si en la empresa privada no se cumplen los objetivos marcados hay consecuencias inmediatas para las personas encargadas de cumplirlos, sin embargo, en la vida pública española, si los políticos no cumplen sus objetivos es por culpa de la extraña posición de la luna en esta primavera adelantada del mes de febrero.
Desde ya, el Gobierno central debería de recuperar las competencias de Sanidad y Educación, garantizando la igualdad de todos los ciudadanos del Estado español ante los dos servicios esenciales al Estado del Bienestar y evitando la sangría general que se ha producido por la difuminación de las responsabilidades económicas reales.
