Una juez de Sevilla, Mercedes Alaya, investiga desde hace más de tres años una trama delictiva en la que están implicados altos cargos de la Junta de Andalucía, exsindicalistas, empresarios y familiares de militantes del PSOE. Aprovechando la existencia de unos fondos destinados a ayudar empresas y trabajadores en dificultad, los acusados defraudaron dinero público para beneficiar a empresas, ayuntamientos, amigos y simpatizantes del partido que gobierna la región, además de enriquecerse ellos mismos.
La instrucción del sumario, lejos de completarse, se prolonga indefinidamente a causa de nuevas pruebas, nuevos imputados, nuevas líneas de investigación y, esencialmente, por el empeño de la magistrada en cuestionar no sólo el mal uso del dinero desviado ilícitamente, sino en poner en tela de juicio la existencia misma de la partida y la presunta ilegalidad del Gobierno andaluz al dotar de presupuesto unas ayudas sociolaborales que se repartirían a través de transferencias de financiación, mecanismo legal, aunque quizás incorrecto, para agilizar pagos pero que escapa al control riguroso de la Intervención.
Desde esa perspectiva, la juez Alaya mantiene el foco acusatorio sobre todas las personas que pudieron tener alguna relación, directa o indirecta, con la existencia de estas partidas presupuestarias -creadas para que la Consejería de Empleo prestarse socorro a empresas y trabajadores insertos en expedientes de regulación de empleo-, además de los imputados por malversación de caudales públicos y otros delitos, como el exdirector general de Empleo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero. La lista de imputados se eleva a 144 personas, sin contar a personalidades y dirigentes políticos que, por su cargo, están aforados y no acaban de ser citados por la juez, ya que ello la obligaría a inhibirse y trasladar la instrucción del sumario al Tribunal Supremo.
Precisamente esa es una de las contradicciones de esta causa. Las pretensiones incriminatorias de la juez Alaya, con las que busca demostrar la complicidad de toda la Junta de Andalucía para idear un instrumento administrativo que facilitaría la corrupción a sabiendas de su ilegalidad, choca con la capacidad de la magistrada para llamar a declarar a los miembros del Gobierno y a los parlamentarios que aprobaron los Presupuestos andaluces cada año, a pesar de que los invite hacerlo de forma voluntaria, sin ninguna imputación previa.
Más que un caso complejo de justicia, la juez Mercedes Alaya parece decidida a emprender una causa general contra el Gobierno andaluz por crear un mecanismo de ayudas públicas sociolaborales y permitir que, durante 10 años, fuera saqueado por determinados personajes que tenían acceso a él de manera discrecional y casi sin control. Durante todo ese tiempo, el fondo de los ERE ha sido dotado con 850 millones de euros y ha beneficiado a 6.435 trabajadores, pero de ese dinero se han “desviado” 17 millones a indemnizar 196 “intrusos” (falsos trabajadores), 70 millones en ayudas a empresas que no reunían los requisitos, y hasta 50 millones a intermediarios y agencias consultoras que cobraron comisiones sobrevaloradas.
Pero de ahí a que expresidentes de la Junta, la exconsejera de Hacienda, todos los titulares de la consejería de Empleo durante el tiempo en que estuvo vigente la partida de los ERE y hasta los diputados del Parlamento autónomo que aprobaron los Presupuestos de la Junta de Andalucía, estén bajo sospecha de la juez Alaya parece un despropósito. De tanto querer abarcar y alargar la instrucción del sumario, éste puede terminar escapándosele de las manos y dar lugar a un macroproceso del que sólo sale condenado el principal acusado desde el principio, el exdirector de Empleo y su camarilla de compinches, a quienes, por cierto, ya no podemos sorprendernos verlos sonrientes en la cafetería donde degustaban fino cada vez que acudían al Juzgado, porque la crisis la ha cerrado. ¡Una lástima! de cafetería, no por los delincuentes.
