No hace mucho un político, no importa cual, dijo aquello de que «España es un país de funcionarios y de camareros», y la gente se le echó encima como si hubiera dicho alguna barbaridad, bueno, barbaridad sí lo era, pero no por su falsedad, sino, precisamente, por su certera apreciación de lo que es nuestro país.
Si aceptamos que el sector servicios es uno de los motores fundamentales de nuestra economía, aprovechando el tirón turístico de nuestro clima y nuestra monumentalidad, el problema aparece cuando nos planteamos el excesivo número de funcionarios que lastran nuestras cuentas públicas a la vez que evitan la dinamización de España, como país.
Porque el funcionariado público, en general, y salvando honrosas excepciones, por supuesto, parte de mi familia, o ni siquiera eso, vete tú a saber, es un germen de negatividad para la economía española y un dique sociológico que catapulta a nuestros jóvenes hacía la apatía y la pusilanimidad.
El gran objetivo vital de la inmensa mayoría de los jóvenes españoles es «sacarse una oposición», no porque crean en la bonanza de la gestión pública, sino por conseguir un empleo fijo para toda la vida, un sueldo que caiga a final de cada mes sin que tengan que hacer nada para ganárselo, y no lo digo yo, que también, sino que a las pruebas me remito ya que basta con pasarse por cualquier oficina pública para entender el nefasto funcionamiento de la misma.
Desde hace tiempo vengo clamando por una reestructuración de la función pública que potencie el bien público-gestión privada, en contraposición al bien público-gestión pública, porque a poco que se realice un análisis riguroso, alejado de lo políticamente correcto y de obsoletos dictámenes teóricos de la más rancia izquierda, uno puede comprobar que una gestión privada adecuada abarataría costes, lo cuál revertiría directamente en el bolsillo de los contribuyentes gracias a una reducción de los impuestos.
Y no digo, que nadie malinterprete mis palabras, que se deban eliminar los bienes públicos, más bien al contrario, deberían de potenciarse aún más, sino que éstos deberían de ser gestionadas por empresas privadas subcontratadas por la administración pública, cualquiera de ellas, con objetivos debidamente delimitados, y no siempre determinados por el beneficio económico, sino, más bien, por la eficiencia operativa.
Evidentemente, ningún partido político se va a atrever a tamaña osadía en plena campaña, pero en un tiempo de continúo crecimiento del armazón público, alguien debería de empezar a plantearse la gestión privada de los bienes públicos, pero, como tantas otras cosas en la vida, el ruido no dejaría escuchar los argumentos y nos quedaríamos en un mero lanzamiento de improperios fatuos.
