La gran mayoría de los españoles y en especial la gente más joven, hemos tenido que entrar por el aro y comprometernos para toda la vida con una entidad bancaria mediante la correspondiente hipoteca. El motivo no es otro más que disponer de una vivienda digna, pagando para ello un alto peaje por la prisa y el afán por el ladrillo a que nos han llevado nuestros gobernantes durante la burbuja inmobiliaria, todos tanto gobernantes a nivel nacional como regional o local.
De todos era conocido que se especulaba con el suelo urbanizable, que la vinculación bancaria bordeaba la usura. La avaricia de las inmobiliarias no conocía límites y en general el esfuerzo consistía en trabajar demasiado para el enriquecimiento por la vía rápida de constructores, banqueros y políticos de todos los colores, corruptos encargados de la tarea de las denominadas recalificaciones urbanísticas. Pero desconocíamos que las viviendas no eran seguras. Eso no figuraba en el contrato hipotecario, ni tan siquiera en la letra pequeña. Lamentablemente con el terremoto de Lorca se pudo comprobar que no eran seguras, a sabiendas que para los geólogos era un fijo en sus apuestas desde hace mucho tiempo. Más allá de discusiones de escasa importancia como que el epicentro haya estado inusualmente cerca de la superficie, todo apunta a graves defectos en la construcción como causa principal de la devastación, bien por incumplirse la normativa o bien por ser inadecuada dado que la intensidad del sismo según manifiestan los técnicos no podía ser de tanta gravedad. Aún no habíamos olvidado el caso de Japón y nos aseguraron nuestras autoridades que toda España es un lugar seguro, a las víctimas mortales seguramente les dará igual, pero lo cierto es que parece confirmarse que se habían despreciado las normas de resistencia sísmica de los edificios, poco tiene que ver entonces la naturaleza.
En mi opinión, los propios culpables que están seguramente muy bien acomodados en sus amplios despachos no tardarán en exigir una necesaria ITV para viviendas. El guante será perfectamente recogido por nuestra casta de políticos que – como no -, aprovecharán para cobrar unas tasas a los ciudadanos que ayuden a cuadrarles las cuentas en estos momentos de gran crisis cuyas garantías brillarán por su ausencia nuevamente. Los ciudadanos pagaremos por algo que ya se había pagado al obtener el permiso de habitabilidad de la casa. Pero hay más, como de la revisión salga un resultado negativo, al igual que la entrega de llaves no cancela una deuda hipotecaria sobre el bien inmobiliario tampoco la cancelará el que no sea habitable por haber incumplido la normativa constructiva cuya responsabilidad y vigilancia corresponde a la administración o por que la normativa sea inapropiada. Pienso que la realidad va a ser que estamos más cerca de Haití y más lejos de Japón.
