“No se trata es establecer la pena de muerte, eso nunca, pero tampoco de adoptar decisiones laxas que no hacen más que fomentar el que se produzcan hechos como los aquí citados”.
El Gobierno de Mariano Rajoy, acaba de hacer público lo que para él vale la vida de un ser humano y ello lo ha hecho a través del indulto concedido a un conductor que por circular en sentido contrario y a gran velocidad en una autopista de Valencia provocó el choque frontal con otro vehículo que circulaba correctamente costándole la vida al conductor de este y causando graves lesiones a su acompañante. Antes de colisionar el infractor puso en grave riesgo la integridad física de otros conductores al cruzarse con ellos lo que dio lugar a la condena de trece años de cárcel impuesta por la Audiencia de Valencia y ratificada por el Tribunal Supremo al considerar que los hechos “son de una tremenda gravedad ya que el acusado puso en peligro la vida de un elevado número de personas de una forma gratuita”. Esta sentencia se hizo firme en enero de 2011.
Pero como es sabido el Gobierno ha concedido el indulto al causante de la muerte de una persona y además este indulto ha sido firmado por el ministro de Justicia Alberto Ruíz Gallardón “El Progre”, el mismo que dice defender el derecho a la vida y que por ello va a proceder a modificar la Ley del Aborto. Los trece años de cárcel han sido reemplazados por una multa de 4.300 euros a pagar en “cómodos plazos”, seis euros diarios durante dos años. Esto es, por lo visto, lo que considera el Gobierno de Mariano Rajoy que vale la vida de una persona.
Está claro que en este país, este Gobierno no está por aplicar ejemplarizantes sanciones que posibiliten el que descienda la criminalidad en todas sus manifestaciones. Con sentencias como la dada por la Justicia, en el caso Pallerols, financiación ilegal de Unió Democrática de Cataluña, cuyos dirigentes robaron 388.000 euros, dinero público destinado a cursos de formación de empleo para los parados y que estos desaprensivos gastaron en beneficio de su partido sin que les haya pasado nada ya que la cosa se ha zanjado con la devolución del dinero, veinte años después de ser robado y sin intereses añadidos, y con ello se han librado de ingresar en le cárcel que es donde deberían estar. El Gobierno ha consentido tal sentencia y no ha procedido a través de la Fiscalía del Estado a recurrirla ya que no tiene pies ni cabeza. Otro tanto ocurre con los Mossos de Esquadra que también fueron condenados a penas de cárcel por la Justicia al haber torturado, para que declarara, a una persona inocente a la que detuvieron por error y a los que el Gobierno de Rajoy indultó. Podemos citar también el caso de Carromero, presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular, la celeridad con que le ha sido concedido el tercer grado cuando otros tienen que esperar meses para poder disfrutar de esta situación penitenciaria. Si con todo esto alguien espera que los delitos, delitos muy graves, aquí no estamos hablando del robo del tirón, aquí se habla de vidas humanas, de maltrato a las personas y de robar dinero público, si alguien espera, repito, que los delitos de esta naturaleza disminuyan es que es tonto de remate. O este Gobierno deja de dar palos de ciego en todo aquello que esté a su alcance y sea de su responsabilidad o vamos camino de tener una sociedad donde cada cual haga de su capa un sayo y sálvese el que pueda. No se trata de establecer la pena de muerte, eso nunca, pero tampoco de adoptar decisiones laxas que no hacen más que fomentar el que se produzcan hechos como los aquí citados.
