El principio de presunción de inocencia se ve vulnerado en varios países obsesionados por la seguridad y que justifican los medios con los fines.
Cuando parecía que terminaba la pesadilla de Guantánamo, salen a la luz horrores parecidos en Kenia, en Somalia y en las cárceles flotantes que emplea Estados Unidos para interrogar a ‘presuntos terroristas’. La caza y castigo de brujas en nombre de la seguridad internacional se lleva a cabo también en las cárceles de Marruecos, de Egipto y de Tailandia, como denuncian Human Rights Watch, la ONG Reprieve y el Comité Internacional de Cruz Roja, que tiene mandato internacional para visitar presos en todo el mundo.
En enero de 2007, las autoridades de Kenia detuvieron a casi 150 personas, entre las que había 19 mujeres y 15 niños. Huían de Somalia por la guerra entre la Unión de Tribunales Islámicos y los soldados del Gobierno, que cuentan con el apoyo de Etiopía y de Estados Unidos para capturar a terroristas que supuestamente cobijan esos tribunales.
Entre ese centenar y medio de presos se encontraba la esposa del ‘presunto terrorista’ Fazul Abdullah Mohammed, a quien se le atribuye liderazgo de Al Qaeda en África y los atentados contra las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania en 1998.
Desprovistos de cualquier derecho a apoyo jurídico, fueron llevados a Somalia y, después, a Etiopía. El FBI, la CIA y la Mosad interrogaron a estos presos. El Foro Musulmán de Derechos Humanos pudo ver a los 150 presos y conocer su paradero por el asequible soborno de recargar los teléfonos celulares de los policías de Kenia, según información de la periodista española Isabel Coello.
Este grupo de derechos humanos empleó los mismos métodos que la Alianza Norte para capturar en Afganistán y Pakistán a la mayoría de los presos que han sido interrogados en Guantánamo como ‘combatientes ilegales’ y no prisioneros de guerra. Esta terminología “jurídica” pretende eximir a Estados Unidos y a las fuerzas de la ‘coalición’ de la aplicación de convenciones de Ginebra a esos presos. A diferencia de la información que obtuvo el Foro Musulmán de Derechos Humanos, los ‘combatientes ilegales’ fueron capturados por una recompensa de miles de dólares que venía del ejército norteamericano.
Un funcionario del FBI confirmó a Human Rights Watch la participación de la CIA y del FBI en los interrogatorios. El Gobierno de Estados Unidos reconoce su implicación en el encarcelamiento de 14.000 presos sin cargo y sin derecho a un abogado, la mayoría de ellos en lugares del mundo donde la tortura es práctica común. A este ‘vacío’ legal se le ha bautizado con el eufemismo de ‘rendición extraordinaria’, que forma parte de la Doctrina Bush.
La obsesión por la seguridad a cualquier precio invierte la presunción de inocencia en donde existe el imperio de la ley. Esta cosmovisión de desconfianza hacia las personas y el sistema queda reflejada por una carta de un lector al diario español Público.
“Cada día tenemos más presuntos […] las noticias repiten la palabra presunto hasta el hartazgo […] Las personas acusadas o sospechosas son presuntas hasta que un juez dicte algo al cabo de los años, aunque haya testigos del delito”. A lo que el periodista y escritor Rafael Reig responde: “Las personas acusadas de un delito no son presuntos culpables […] Hasta donde yo sé, lo único que se presume es la inocencia. El tipo acusado de asesinato es un presunto inocente […] Será sospechoso, tal vez […] Lo que hay que probar es la culpabilidad”.
Esta rendición extraordinaria evoca al secuestro en Argentina del dirigente nazi Adolf Eichmann por parte de agentes de la Mosad. Fue llevado a Israel para su juicio y posterior condena a muerte y ejecución. También al secuestro en México de Humberto Álvarez-Machaín, acusado de asesinato, y su posterior juicio en Estados Unidos, aunque al final fue absuelto por la Suprema Corte.
Quienes defienden estas prácticas argumentan que el fin justifica los medios. Si la sociedad civil lo tolera y no despierta, el Estado policial tendrá carta libre para actuar con impunidad. Internet permite acceder a los informes de organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Reprieve. Para que cuando vengan por nosotros, aún quede alguien para protestar.
Carlos Miguélez Monroy
Periodista
