Mariano Rajoy ha aguardado a la celebración de las elecciones en Andalucía para presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y no perjudicar así sus expectativas electorales en esa comunidad. Transcurridas aquellas, con el resultado descorazonador alcanzado, y conocidas las grandes líneas de las Cuentas con las que el Gobierno pretende ahorrar más de 27.000 millones de euros, surge una pregunta: ¿Eran estos realmente los Presupuestos que con tanto celo se habían querido ocultar?
Si desde antes de sentarse en la mesa del Consejo de Ministros -una vez ganadas las elecciones generales de noviembre pasado-, el Partido Popular ya hablaba de las duras medidas que tendría que aplicar para corregir una situación a su juicio mucho peor a lo declarado por el Gobierno saliente, razón por la cual no ha había cejado de mentalizar a la población acerca de unos “ajustes” y recortes de perentoria necesidad, ¿por qué esperar tanto para hacer públicos unos Presupuestos que se tildaban de imprescindibles y urgentes ante una realidad crítica?
Los PGE finalmente conocidos contemplan una reducción media del 17 por ciento en las partidas de cada ministerio, siendo significativo el “tijeretazo” aplicado a Fomento -cerca del 35 por ciento-; la congelación del sueldo a los funcionarios por segundo año consecutivo, tras la reducción del 5 por ciento de media en sus nóminas que aplicó el gobierno de Zapatero, y una amnistía fiscal a los defraudadores para que retornen los capitales evadidos a paraísos fiscales, con una penalización de sólo el 10 por ciento y el perdón de la multa.
Salvo sorpresas en la concreción pormenorizada de estos “ajustes” en todas aquellas partidas que afectarán a los ciudadanos, y que se debatirán durante el procedimiento parlamentario de aprobación de la Ley, en principio este proyecto de PGE, siendo aun el de mayor reducción en democracia, no resulta especialmente “doloroso” para unos ciudadanos que vienen siendo advertidos de la gravedad de la economía nacional y ya pagan sus consecuencias, con un paro que no deja de crecer. No se explica tanta “prudencia” cuando el Gobierno no había mostrado reparos en aprobar una reforma laboral que abarata el despido y deja todo el poder de negociación en manos de los empresarios, había subido “temporalmente” los impuestos, con un incremento de hasta el 7 por ciento en el IRPF, y promovía unas importantes subidas de precios en la energía (electricidad y gas) y otras tasas recaudatorias.
O el Gobierno tenía otro proyecto de Presupuestos que creía conveniente ocultar para evitar lo que al final ha ocurrido (no poder gobernar Andalucía y “alimentar” una huelga general) o se ha reservado las medidas más duras para un segundo “ajuste” del gasto que deberá acometer si quiere cumplir con el compromiso de déficit (del 3 %) acordado con una Europa que nos contempla con indisimulada preocupación. Porque, frente a las iniciativas “reformistas” que ya había ejecutado el Gobierno popular, el recorte que traen los PGE no parece de mayor “enjundia” que el empeoramiento de unas condiciones que, sin embargo, no tardó en imponer a los trabajadores con la reforma laboral, por ejemplo.
