Las cuentas claras, allá ustedes
El Gobierno español se propone realizar un ajuste presupuestario de 27.300 millones de euros en 2012 para reducir el déficit público y muchas personas se preguntan si eso es necesario. Si, como dice el gobierno y la Unión Europa, eso es lo único que se puede hacer o si, en lugar de seguir ese camino y sufrir sus consecuencias tan lesivas para el bienestar, hay otras alternativas.
La respuesta es clara si se tiene en cuenta que, en ese mismo Presupuesto, se contempla pagar una cifra aún más alta, exactamente 28.848 millones de euros, en concepto de intereses a los financiadores privados de la deuda.
«…la gran mentira que le cuentan a la gente:
le dicen que hay que recortar gastos sociales…»
Si en la Unión Europea hubiese un auténtico banco central, éste hubiera financiado al 0% al estado español (aunque no hubiera sido a cambio de nada, sino imponiendo cualquier condición que se hubiera estimado conveniente para evitar esa deuda en el futuro), de modo que no habría que pagar esos intereses ni, por tanto, realizar el recorte de gasto.
Fíjense, entonces, la gran mentira que le cuentan a la gente: le dicen que hay que recortar gastos sociales porque vivimos por encima de nuestra posibilidades, porque no hay recursos… y resulta que se recortan porque hay que pagar los intereses que cobran los bancos privados por llevar a cabo una financiación que podría realizar mucho más livianamente el Banco Central Europeo.
Se preguntarán entonces que por qué no hace eso el Banco Central Europeo y la respuesta es igualmente fácil. En los Tratados europeos y en sus estatutos se estableció que le está prohibido que financie a los gobiernos, con el único propósito de facilitar así el negocio de los bancos privados. A estos les da todo el dinero que le piden al 1% y con esa liquidez compran la deuda de los estados al 6%, al 7%, al 10% o a mucho más como ha ocurrido con Grecia en algún momento. Negocio redondo. Y, además, doble negocio redondo porque, al recortar gastos públicos en educación, sanidad, pensiones, atención a la dependencia, etc., los servicios se deterioran y se fomenta su provisión mediante negocios privados. Beneficios para los de arriba, menos ingresos y peores condiciones de vida para los de abajo.
Así que la próxima vez, los votantes tendrán que plantearse no votar a votar a quienes defienden eso y a favor de los tratados europeos que lo imponen; y se plantearán ir a las manifestaciones o sumarse a las protestas y a la indignación que algunos tenemos por todo eso. Allá ustedes.
Juan Torres López
Catedrático de economía aplicada
