Cuestión de dignidad y justicia, no de sostenibilidad
Las pensiones públicas sufren un descomunal ataque desde hace años. La minoría rica quiere sustituir las pensiones públicas por privadas. En España las pensiones públicas son 117.000 millones de euros anuales.
Dirigen la ofensiva contra las pensiones el FMI, Banco Mundial y Unión Europea. El FMI sostiene que la mayor esperanza de vida «acarrea costos financieros a los gobiernos por los planes de jubilación”. Y amenaza con que hay que recortar las pensiones. ¿Más?
El FMI osa decir incluso en un reciente informe que vivir más es «un riesgo financiero». De ahí a empezar a urdir algún tipo de ‘solución final’, no hay tanto techo. Un viceministro japonés ya pidió a los jubilados que se hicieran el hara-kiri para aliviar las cuentas públicas.
Pero lo peor es que, para reducir “el riesgo que supone la longevidad”, el FMI propone recurrir a los mercados de capital porque -dice- son quienes “tienen más capacidad para gestionar los planes de pensiones”. Es como contratar zorros para que vigilen el gallinero. O pedófilos para escuelas infantiles.
Desde hace años hay una campaña catastrofista impulsada por FMI y compañía que profetizan la quiebra de las pensiones públicas. Sesudos estudios profetizaron la bancarrota del sistema público de pensiones en España en 1995, 2000, 2005, 2007, 2010… Pero ni uno acertó.
Christine Lagarde, directora del FMI afirma que la economía mundial es “adicta” a los años de bienestar y se ha de “desenganchar” con “decisiones correctas en medidas estructurales”. En plata, con retrocesos sociales y contra- reformas. Es decir, esa cierta distribución de riqueza que fue el mal llamado estado de bienestar ahora resulta ser una “adicción”. Para el FMI cobrar una pensión es como esnifar cocaína o chutarse heroína.
En España, entre los “adictos” al bienestar (según el FMI), hay unos 9.000.000 de pensionistas; casi una quinta parte de población total. Y, de esa cantidad, algo más de la mitad cobra pensiones inferiores a 750 euros. Casi dos millones de pensionistas cobran menos de 500 euros, pero que cobren más de 1500 euros no llegan ni al 1% y 1000 o más, solo un tercio. Al final, en el Reino de España, más de la mitad de pensionistas está bajo el umbral de la pobreza. ¿Rebajarán las pensiones hasta que quienes están razonablemente bien sean pobres y para el resto la pobreza se convierta en miseria?
Para mantener la falacia de la insostenibilidad de las pensiones, en España se actúa como si la Seguridad Social fuera diferente del Estado. Inicialmente se separaron las cuentas de ésta por transparencia, pero ahora se pretende que es un ente diferente, que ha de sobrevivir por su cuenta. Como si no fuera parte del Estado. Pero es falso, porque todos los recursos del Estado han de hacer frente a la totalidad de gastos del Estado, pensiones incluidas.
Aparte de que la seguridad social tiene cuentas limpias y claras, en cualquier caso, la presunta insostenibilidad de las pensiones públicas desaparece cuando son atendidas en los presupuestos generales por el estado. Sin necesidad de depender del volumen de cotizaciones sociales, convertidas así en una partida más de financiación, pero no la única.
“¿Y las cuentas claras y el déficit…?”, rugirán los voceros neoliberales. ¿Hablamos de los insostenibles gastos militares, los derroches suntuarios, las obras públicas innecesarias, el dinero para la Iglesia, el dinero de la corrupción? ¿Hablamos del capitalismo de amiguetes? ¿Hablamos de fraude fiscal…? En España suma 80.000 millones de euros…
La realidad es que los trabajadores financian Europa. En España, cerca del 90% de impuestos recaudados procede de rentas del trabajo. Y cifras semejantes se dan en Grecia, Portugal, Italia… En tanto que quienes más ganan y más tienen eluden y evaden impuestos a placer. Como muestra, 550.000 millones de euros españoles (equivalente al 45% del PIB) no han pagado impuestos y se ocultan en paraísos fiscales, según ha denunciado la revista Alternativas Económicas. Y se puede hablar en términos semejantes del resto de países europeos.
No es cuestión de sostenibilidad sino de dignidad y justicia. Cuestión de derechos. Y de impuestos justos, progresivos y suficientes.
