Muchas personas nos preguntamos cuáles son las funciones de las diputaciones provinciales. Una de las funciones fundamentales de las diputaciones es colaborar en la gestión de la actividad municipal. Las diputaciones tienen carácter territorial y su función es gestionar los intereses económico-administrativos de las provincias. En la actualidad solo son una carga para las provincias.
En estos momentos surgen muchas dudas, al estudiar el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, una vez se aplique, reducirá sustancialmente las competencias de los ayuntamientos, y aumentará el poder de las diputaciones provinciales en el 95% de los municipios españoles.
El tema se aplaza porque a oídos de Rajoy llega la opinión de numerosos alcaldes del PP de que podría suponer toda una rebelión, incluso en sus propias filas. Ahora se va a retomar la aprobación de una reforma errónea en las formas e injusta para el ciudadano. Se piensa que este proyecto es erróneo por dos cosas muy importantes, se alejan de la administración local y del control directo de la Ciudadanía y se crear una gestión opaca a la que no pueden acceder fácilmente los contribuyentes.
Además de preguntarnos como ciudadanía ¿por qué este cambio, si las Diputaciones no llevan la gestión directamente, más bien la privatizan? Desde este punto de vista ¿para qué mantener una doble administración para las mismas gestiones?
Las diputaciones provinciales tendrían razón de ser si gestionaran todos los servicios de la provincia, manteniéndolos públicos.
Una de las gestiones que peor ‘olor’ (dudas) presenta, es la de las basuras, ¿por qué en vez de entregar la recogida de basura a la gestión privada, por cientos de millones, no se realiza una gestión provincial?
La gestión privada del agua es escandalosa, tiene un coste exagerado para un bien, caído del cielo o extraído del mar, para disfrute de todos los seres humanos. El Estado construye las depuradoras, que le son entregadas a las empresas privadas, para embotellar el agua o canalizarla y cobrarnos cifras increíbles.
Así, todos los servicios son pagados por los contribuyentes dos veces: en los impuestos y en las facturas mensuales, a la vez que pagamos el enorme coste de una diputación en cada provincia, que sólo se preocupa de buscar la empresa privada más conveniente para los políticos de turno.
