Navarra: de divorcios y de pactos secretos

Tras la separación traumática de UPN y el PP en el 2008, los socialistas navarros se vieron convertidos en árbitros de la contienda política tras el acuerdo tácito entre el Presidente navarro Miguel Sanz y el socialista José Blanco (contando con los buenos oficios de empresario hotelero Antonio Catalán), en virtud del cual las propuestas políticas de los socialistas navarros eran apoyadas por UPN en un espléndido ejercicio de ventriloquismo escénico a cambio del apoyo sin fisuras del PSN en la aprobación de los Presupuestos anuales de UPN, quedando IU y Nabai como convidados de piedra.
Dicha política de apoyo incondicional a UPN desde los bancos de la oposición le acarreó al PSN la pérdida de jirones de su primitivo ideario socialista pero tras la abdicación de Sanz en el 2009 y la proclamación de Barcina como su sucesora, le condujo finalmente al poder tras la boda morganática de Barcina y Jiménez (matrimonio de la mano izquierda) y la implementación del Gobierno de coalición UPN-PSN.

Sin embargo, una vez en el poder, Barcina habría provocado un golpe de timón de la nave foral traducido en una clara sumisión de UPN a los dictados del Gobierno del PP, lo que provocó el enojo y descontento del consorte Jiménez que se tradujo en coqueteos con la oposición nacionalista, por lo que Barcina con nocturnidad y alevosía recurrió al Tribunal de Rota político y consiguió la anulación de su unión política, quedando en soledad parlamentaria y como “bestia negra “ del sector de la boina de UPN (tradicionalmente se ha considerado que UPN estaría formado por dos sectores caricaturizados como el de la toga y el de la boina, que haría referencia al sector de votantes de UPN de filiación urbana frente al sector rural de la Zona Media y Ribera de Navarra).

En adelante y debido a su minoría parlamentaria en la Cámara navarra, habría llegado a un acuerdo con el Gobierno central para frenar las leyes que pudiera aprobar el díscolo Parlamento navarro mediante el recurso sistemático ante el Tribunal Constitucional, basándose en el artículo 161.2 de la vigente Constitución, que señala que “ el Ejecutivo central podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las CCAA” .

Así, el TC anuló la decisión del Parlamento de Navarra que obligaba a la Iglesia Católica y al resto de confesiones del Estado español a pagar la contribución territorial (impuesto equivalente al IBI) por todos los inmuebles de su propiedad con la única excepción de los destinados al culto, lo que unido al resto de recursos pendientes (del que sería paradigma el recurso de la ley foral que otorga al Parlamento la potestad de aprobar los ERE de empresas públicas), ha supuesto “de facto” el vaciar de contenido las competencias legislativas de una Cámara foral navarra devenida en barco amotinado que navegará sin rumbo fijo hasta las próximas Elecciones Forales.

Asimismo, estaríamos en la antesala de un severo recorte de la capacidad de la Cámara Foral para legislar impuestos (autogobierno fiscal navarro), que se enmarcaría en el contexto de la deriva autoritaria del Gobierno del PP que pretende la implementación de un Estado jacobino y autoritario (Tardofranquismo) y que tendrá su plasmación en las restricciones que se impondrán al autogobierno de la Comunidad Foral en las próximas negociaciones sobre la renovación del Convenio Económico Navarra-Estado y que terminarán convirtiendo a la Comunidad Foral en un autogobierno devaluado, enconsertado y sometido a los dictados del Tribunal Constitucional de turno.

Pacto secreto Sanz- Jiménez 

Tras la escenificación de la ceremonia del desencuentro UPN-PSN plasmado en el “divorcio político” Barcina-Jiménez, asistimos al finiquito de la doctrina navarrista UPN-PSN que habría convertido a la Comunidad Foral durante una década en un coto privado del establishment navarro (Teoría del quesito de Miguel Sanz), quedando además el Gobierno de Barcina huérfana de apoyos en el Parlamento foral.

La reacción del ex-Presidente Sanz no tarda en llegar y en otoño del 2013 (contando de nuevo con la inestimable labor mediadora del empresario hotelero Antonio Catalán convertido de facto en Alto Comisionado del establishment del Estado español para evitar la alianza del PSN con Bildu), se produce una reunión secreta en Corella a la que únicamente acuden el ex-presidente Sanz, el candidato del sector de la boina de UPN Alberto Catalán y el dirigente del PSN Roberto Jiménez con la intención inequívoca de lograr la reimplantación de la Doctrina del quesito que condujo durante el mandato de Sanz a la esquilmación de las arcas forales y a la entrada en números rojos de la Hacienda foral con una deuda estimada de 3.500 millones € para finales del 2014.

Tras una opípara comida regada con excelentes caldos , se llega a un rápido acuerdo entre los allí presentes que contaría con dos vías de actuación para lograr la defenestración de Barcina como Presidenta del Gobierno Foral. La vía institucional consistirá en la implementación por parte del PSN en el Parlamento Navarro de la estrategia de “acoso y derribo” del Gobierno minoritario de Barcina y la difusión de la tesis de la implementación de un hipotético “Gobierno de Progreso” PSN-Nafarroa Bai-IU que daría prioridad a la regeneración de la clase política y a la revitalización del llamado “Estado social y democrático de Derecho” tras las celebración de nuevas elecciones forales.

Así, ante la implosión del “affaire Goicoechea”, el PSN por medio de Jiménez planteó a Barcina la disyuntiva de dimitir y convocar elecciones o ser defenestrada mediante la presentación por los socialistas de una moción de censura contra ella, moción que precisa de un mínimo de 10 diputados para poder ser presentada (el PSN tan sólo posee 9) y que para ser aprobada deberá conseguir la mayoría absoluta de la Cámara navarra (26 parlamentarios) , lo cual requiere la suma de todos los votos de la oposición ( IU, Aralar-Nabai, GeroaBai y Bildu) y un previo consenso de mínimos, iniciativa que tan sólo sería una maniobra de despiste consistente en insuflar en el electorado navarro la ilusión de la irrupción en el escenario político navarro de la posibilidad real de una alternativa a la derecha navarrista, quedando el PSN como adalid del cambio progresista en Navarra.

Mientras, Barcina habría acudido buscando ayuda a Mariano Rajoy y tras recibir sus bendiciones y su apoyo, habría afirmado su nula voluntad de dimitir al tiempo que reta al PSN a que presente una moción de censura, en la certeza de que Navarra es considerada “cuestión de Estado” tras el Tejerazo de 1.981 y que cualquier cambio institucional que se pueda producir en el viejo Reyno foral deberá contar con el visto bueno del establishment del Estado español quien valiéndose del endemismo recurrente de la existencia de ETA y su filiación ideológica con Bildu, hará imposible cualquier intento de instaurar un Gobierno progresista en Navarra, imposibilidad refrendada por el Ministro del Interior, Jorge Fernández Días, al declarar que “Navarra es estratégica para España porque ETA siempre ha tenido como objetivo la anexión a la CAV, por lo que todo lo que sea poner en cuestión o en riesgo la singularidad de Navarra, es de alguna manera, contribuir al objetivo que perseguía ETA”.

En consecuencia, el ex-Presidente Miguel Sanz procederá a la aplicación de la “segunda vía” , consistente en segar la hierba bajo los pies de Barcina. Así, según noticiasdenavarra.com, en los sótanos de UPN se estaría produciendo una maniobra soterrada por parte del sector de la boina ribero liderado por el ex-Presidente Sanz para recabar los votos necesarios para convocar de modo urgente el Congreso Extraordinario de UPN ( antes de Junio) y que tendría al Presidente del Parlamento foral Alberto Catalán como pieza de repuesto de Barcina una vez lograda su defenestración política.

Recordar que según los estatutos de UPN, para convocar una asamblea extraordinaria es necesario que lo soliciten el 25 % de los afiliados con derecho a voto mediante una firma y teniendo en cuenta que UPN contaría con unos 3.000 afiliados, serían necesarios un mínimo de 700 firmas para que prospere la sibilina iniciativa de Sanz, iniciativa que se antoja harto factible.
Dado que en el anterior Congreso Extraordinario de UPN celebrado en el 2013 la candidatura de Barcina venció por un ajustado margen (51,1 % de los votos), es previsible que el llamado “sector de la boina” liderado por Miguel Sanz logre recuperar el timón de la nave de UPN tras ser derrotada Barcina acusada de permitir la corrupción de su Gobierno (affaire Goicoechea) y tras la celebración de nuevas elecciones, podríamos asistir a la reinstauración de la Teoría del Quesito de Sanz (Gobierno de Coalición UPN-PSN), siguiendo la máxima navarrista de “antes Navarra roja que partía”, recibiendo la actual Presidenta Barcina como premio a sus inestimables servicios prestados en “defensa de la identidad unitaria de Navarra” un escaño en el Congreso de Madrid y quedando de paso la futura Cámara Foral dividida en dos bloques antagónicos e irreconciliables que tendrá como efecto colateral una fractura social de resultados imprevisibles.