La corrupción en nuestro país ya es plaga, algo contra lo que no existe vacuna y los tratamientos actuales resultan totalmente ineficaces. Como una moda a imitar, que con el paso del tiempo ha degenerado en un irreprimible deseo de mejorar la calidad de vida pero a costa de terceros. Hasta ahora solo ha preocupado el gran pelotazo puntual que a todos descoloca por su volumen y difusión mediática con lo cual posiblemente estemos equivocados. Se impone comenzar a prestarle mayor atención a ese tipo de sustracción que se encuentra en la franja de los 2 o 3 mil euros y con periodicidad mensual, que está creciendo en progresión geométrica, muy difícil de detectar y normalmente practicada por pequeños grupos de 2 ó 3 personas muy discretas, donde no existen fugas de información y nada que ver con los grandes escándalos (EREs, cursos de formación, GÁ¼rtel, etc).
En estas pequeñas cédulas, llega un momento en que sus apropiaciones indebidas son consideradas por sus autores un “plus” o complemento salarial, con la única diferencia que no figuran en nómina pero perfectamente merecidas, es más, en ocasiones, llegan a criticar a los grandes depredadores por su desmedida ambición. Este colectivo de mediocres delincuentes que hoy día son legión, a la postre, resultan tan dañinos económicamente como los que asiduamente aparecen en la prensa. Sus mordidas a plazo fijo pasan desapercibidas y en muchos casos, son sus superiores directos quienes miran hacia otro lado a cambio de discreción mutua. Lo más triste e indecente de nuestra democracia es que este tipo de actuaciones y otras similares, son consideradas como algo consustancial y que lógicamente nadie se atreve a denunciar, bien por estar implicados a por temor a perder el puesto de trabajo.
Cambiando de tema pero siempre rozando la presunta inmoralidad, el reciente caso bautizado como “los jetas de las tarjetas” (Visa Caja Madrid-Bankia)… Resulta incompresible una vez más que el PP, partido del Gobierno, sea el último en darse por aludido, aunque su grupo presente el mayor número de afectados, limitándose a anunciar la consabida “investigación interna”. Una cosa es ser lento de reflejos políticamente y otra muy distinta el tener que soportar insultos de todo tipo por la desidia empleada ante el citado desfalco de lo 86 consejeros. Nada o muy poco hay que pensar: los cargos públicos merecen la destitución inmediata al igual que los militantes implicados y el mismo tratamiento con miembros de sindicatos y organizaciones empresariales, y que todos ellos, lógicamente, devuelvan hasta el último euro robado más los consiguientes intereses.
Capítulo aparte merecen algunas ONGs que desde hace unos meses vienen publicitando con insistencia, los llamados «apadrinamientos» de niñas de ciertos países africanos, por el módico precio de dos dígitos para abonar la suscripción mensual. Incluso la campaña también aparece en alguna tertulia de debate, insistiendo y animando a este tipo de colaboración, pero la sociedad en general, tras lo que viene sucediendo, cada día se muestra más remisa, sospechando ser tomados por «primos» en lugar de «padrinos». Quede claro que el presente comentario no pretende afirmar que esto ocurra, dado que hasta el momento no existe ninguna denuncia sino todo lo contrario por el encomiable y desinteresado comportamiento con que actúan estas organizaciones, si bien es cierto que cada vez se plantean más preguntas en torno al número de las existentes en España, de qué tipo, si se dispone de algún registro oficial, quién las audita, etc. etc.
