Hay hogares que no pueden hacer frente al coste de servicios esenciales como la luz o el agua. Sufren la llamada “pobreza energética”, que afecta en España al 10% de los hogares, unos cuatro millones de personas según el último estudio publicado por la Asociación de Ciencias Ambientales. Los expertos estiman que en pocos meses la cifra alcanzará el 15%.
Detrás de este problema puede encontrarse, según el Observatorio de Sostenibilidad en España, la muerte de más de 2300 personas al año, ya que el país cuenta con una tasa de mortalidad adicional durante el invierno del 20,5%. Y es que la pobreza energética tiene consecuencias más allá de la incomodidad. La Organización Mundial de la Salud advierte que habitar en una casa en la que se registran temperaturas inadecuadas aumenta la posibilidad de padecer enfermedades físicas y mentales, sobre todo en niños y ancianos. Por otro lado, el caso de Grecia demuestra que la carencia de energía acentúa la contaminación. El país heleno ha vuelto a recurrir al carbón y otros combustibles como la madera, por lo que el pasado invierno los niveles de gases contaminantes registrados triplicaban el umbral de urgencia establecido.
La pobreza energética ha pasado de ser un asunto casi invisible a ocupar parte de la agenda política. El aumento del paro, las subidas de impuestos, la reducción de los salarios y los recortes derivados de la crisis económica provocan que el número de ciudadanos que padecen estas carencias haya crecido de forma considerable en los últimos años. Además la factura eléctrica se ha incrementado desde el año 2007 en un 60%. La deuda que el Estado tiene con las grandes compañías energéticas, cuya legitimidad ponen en duda muchos expertos, no para de aumentar. En consecuencia, las empresas acumulan grandes cantidades de dinero mientras cada vez más hogares no pueden encender la calefacción en los meses de invierno.
“Antes de la crisis eran personas en situación de exclusión social. Ahora la mayoría son personas integradas, que se han quedado sin trabajo y que han relegado esta necesidad porque por delante están otras como la vivienda o los alimentos” comenta Javier Sánchez Espinosa, subdirector de inclusión social de Cruz Roja España. Ya son muchas las ONGs que alertan de la gravedad de la situación, pero para Sergio Tirado, vicepresidente de la Asociación de Ciencias Ambientales, el primer paso para luchar contra ella es visibilizarla. Por ello afirma que “es necesario tratar la pobreza energética como un elemento diferenciado aunque relacionado con la pobreza en general y la exclusión social. A veces es necesario acuñar etiquetas para referirse a nuevas formas de enfocar antiguas realidades”.
A pesar de que existen algunas medidas paliativas, España no cuenta con una estrategia concreta. Varias formaciones políticas han presentado iniciativas para prohibir a las empresas cortar el suministro eléctrico por impago a familias vulnerables, pero el Gobierno las ha rechazado. Partidos políticos y ONGs solicitan una “tregua invernal”, aplicada en Francia o Reino Unido, país considerado referente en la lucha contra la pobreza energética. Cuenta con una política de aplicación nacional basada en prestaciones económicas y tarifas sociales que tiene por objetivo erradicar el problema en 2016, pero no es suficiente. Según Tirado “la tasa ha seguido creciendo en paralelo a los precios de la energía, lo que evidencia que no basta con definir políticas de ayuda si no se ataca la raíz del problema”.
Para muchas asociaciones que tratan el asunto la solución pasa por la reforma integral de las viviendas y la rehabilitación energética combinada con medidas que palien el problema a corto plazo. De esta forma será evitable lo que refleja la periodista Olga Rodríguez: “cuando el sol se pone cada día, hay gente que se enfunda dos pijamas, apaga las luces y se mete en la cama”. Contra esto luchan varias organizaciones sin ánimo de lucro, que quieren impedir que el principal propósito de miles de familias sea vencer al frío en el hogar.
