No es caridad, es justicia
España tiene al 27% de su población en riesgo de pobreza, según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE). Ese porcentaje esconde un trágico escenario social. Donde algunos sólo ven cifras, otros son conscientes de que millones de personas sufren por tener un plato caliente y un techo bajo el que resguardarse. De ahí la importancia de una sociedad civil organizada que sepa suplir las deficiencias del Estado.
Y existe voluntad y esperanza. Resulta encomiable la labor de los comedores sociales, en su mayoría de Cáritas, colapsados ante la afluencia de personas que no tienen qué comer.
Otra muestra es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una asociación que agrupa a personas con dificultades para pagar la hipoteca o que se encuentran en proceso de ejecución hipotecaria y personas solidarias con este problema. Cabe mencionar el proyecto Entrevecinos, puesto en marcha por la Confederación Estatal de Asociaciones de Vecinos (CEAV) con el “objetivo de generar una red de soporte comunitario que pueda dar respuesta a las necesidades sociofamiliares de los vecinos y vecinas”. Suponen un ejemplo de lo que puede dar de sí la sociedad civil, organizada como baluarte frente a la crisis.
La clase política no parece reaccionar. Mientras que los Presupuestos Generales en España se emplean a fondo en cubrir intereses de la deuda y rescatar a la banca, la sociedad civil intenta sanar la grave herida que fractura al Estado del bienestar. Pese a las más de 3.600 enmiendas presentadas por la oposición en el Congreso a los presupuestos del próximo año, el Ejecutivo español no dará marcha atrás.
A las políticas de austeridad y control de déficit que ahogan la economía, hay que sumar la coyuntura en la que se encuentran las organizaciones sociales. El presidente de la Plataforma del Tercer Sector y de la Plataforma del Voluntariado de España, Luciano Poyato, ha expuesto la grave «situación de asfixia» a la que se enfrentan las ONG, ya que los recortes y los impagos han derivado en una falta de «recursos básicos para llegar allí donde las instituciones no pueden llegar». A pesar de ello, según ha indicado, siguen «trabajando». La defensa de los más vulnerables y la protección de los derechos fundamentales «no pueden ser desatendidas cuando más necesarias se hacen», explicaba Poyato.
Son muchos, más de los que se pueda imaginar, los que padecen en silencio una crisis que no provocaron. Nunca hubiesen imaginado que acudirían a un comedor social porque no tienen qué llevarse a la boca. Son personas, ciudadanos del supuesto primer mundo, que de la noche a la mañana han perdido su empleo e incluso la vivienda. Necesitan de la solidaridad otros para poder sobrevivir porque el Estado se muestra incapaz de ofrecerles una alternativa.
La solución no es el voluntariado civil, como propuso la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. Tampoco lo son las donaciones a organizaciones sin ánimo de lucro de aquellos que poseen inmensas fortunas. No se puede sustituir puestos de trabajo por voluntarios, ni depender de la caridad de unos pocos. La solidaridad nada tiene que ver con estas acciones. La solidaridad es compromiso y sentido de la justicia social.
Cada vez son más los que piensan que bastaría con ofrecer oportunidades para los que sufren las consecuencias de la situación económica. Necesitan confianza y deben trabajar para saberse valiosos. El Estado debería asegurar los pilares del bienestar que tanto costaron cimentar. Ante su debilidad, son los héroes de a pie, ciudadanos, vecinos, amigos, los que sostienen los cimientos de una sociedad compuesta, ante todo, por personas, no por cifras.
Adrián Levy Pernudo
Periodista
