La propaganda oficial repite el eslogan de que lo peor de la crisis ya ha pasado y, por lo tanto, que el país se encamina por la senda de la recuperación, camino que conduce al crecimiento económico y, por añadidura, a la creación de empleo. Explica esa propaganda que ello es posible gracias a las numerosas “reformas” que el Gobierno ha emprendido desde que tomó las riendas del Poder y que la prueba palpable de que la “luz al final del túnel” se avizora en el horizonte es que la prima de riesgo recupera cifras razonables, las mismas que este Gobierno heredó del anterior. Como conclusión, el argumentarlo propagandista tira mano de una afirmación triunfalista que pretende ser irrebatible: se ha conseguido que los mercados vuelvan a mostrar su confianza en España.
Aunque la mayoría de la gente, la que no pertenece a las clases acomodadas, no percibe esa recuperación en sus condiciones de vida por ningún lado, cabría preguntarse si en verdad estamos asistiendo a una recuperación de la economía española y, de ser así, qué clase de recuperación será esa si es indetectable por los presuntos beneficiarios de la misma: los castigados por la crisis.
Ante las dudas, debería exigirse una explicación más detallada y cuantificada por parte de quienes han adoptado unas “reformas” tan alabadas, a fin de valorar en sus justos términos la idoneidad de las mismas y determinar si, realmente, sirven para traernos la prometida recuperación económica.
De lo contrario, sería un sarcasmo hablar de “recuperación” cuando ésta se circunscribe exclusivamente a las entidades financieras, precisamente las causantes de la crisis que ha golpeado a los ciudadanos. Un sarcasmo de magnitudes humillantes por cuanto el único “rescate” acometido para combatir presuntamente la crisis se ha limitado a las ayudas a los bancos, siendo éstos los que, de momento, dan muestras de estar en vías de recuperación después de que con dinero público se hayan “nacionalizado” sus pérdidas y saneado sus despropósitos especulativos y megalómanos.
Todo lo demás no se recupera, sino que se pierde o empeora. Hemos perdido calidad de vida, trabajo y derechos para que el Capital sienta “confianza” y ande a sus anchas, imponiendo sus condiciones y sin atender al interés general.
Ello se evidencia en las medidas que nos ha obligado aceptar, podando drásticamente el Estado de Bienestar, destruyendo empleo, bajando salarios, encareciendo servicios y encogiendo un sector público que era eficaz y sostenible con nuestros impuestos. Sin embargo, a pesar de todos los recortes, la deuda no se reduce y la población sigue empobreciéndose cada vez más.
Una pobreza que, para Paul Krugman, Premio Nobel de Economía en 2008, no deriva únicamente de las condiciones sociales, sino del estancamiento y constante pérdida del poder adquisitivo de los salarios, lo que acarrea un problema de aumento de la desigualdad en una economía en la que una pequeña élite acapara todo el beneficio del crecimiento y la recuperación.
Las políticas de precariedad laboral y salarial crean pobreza e hipotecan el futuro de toda una generación de personas, especialmente la de esos jóvenes que engrosan el doble del desempleo general, dejándolos sin alternativas, sin esperanzas, sin porvenir y sin participar de ninguna recuperación. Y es que, según pronósticos internacionales no contagiados de la propaganda gubernamental, la economía española no recuperará los niveles de desempleo que tenía antes de la crisis hasta dentro de veinte años.
Si ello es estar en vías de recuperación y creación de empleo, que lo demuestren con datos y números, no con frases y eslóganes publicitarios. Máxime, cuando es la banca la única que sale ganando con la crisis: son ellos los que compran la mitad de la deuda pública, casi 300.000 millones de euros, con dinero prestado del Banco Central Europeo, a un interés del 1 por ciento, mientras financian al Estado a un 4, 6 e incluso un 10 por ciento de interés.
Así, no hay dinero para particulares ni pequeñas y mediadas empresas, pues con la compra de bonos consiguen un beneficio mucho mayor y más seguro, aunque el Estado tenga que “recortar” gastos para pagar la “deuda”, pago que ha priorizado como imperativo constitucional, antes incluso que la prestación de servicios sociales.
Esa, y no otra, es la recuperación que vislumbra el Gobierno y la que vocean todos sus portavoces. Está obligado a ello por parte de unos poderes económicos y financieros que controlan su capacidad de acción y, por extensión, la de toda la Eurozona, como desvela VicenÁ§ Navarro en un artículo reciente.
Así que, detrás de las tijeras de los “ajustes”, sólo había un objetivo lucrativo y no la consecuencia de un “vivir por encima de nuestras posibilidades”: el de que los ricos sean más ricos, aunque los pobres se empobrezcan aún más. Los primeros percibirán la recuperación, los segundos seguirán pagando las facturas.
