La lucha por mayor equidad y justicia social encuentra una vía legal con la reciente aprobación del Protocolo Facultativo para el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, exigibles a los tribunales.
En nombre de la seguridad y contra el terror se han perpetrado y perpetran gravísimas violaciones de derechos humanos, civiles y políticos. Y en nombre del desarrollo y crecimiento económicos (en realidad de la codicia de una minoría) se violan permanentemente los derechos humanos económicos y sociales de miles de millones de personas en todo el mundo.
¿De qué hablamos al referirnos a derechos sociales, económicos…? De que todas las personas del mundo tienen derecho al trabajo y a protección contra el desempleo. De que todos los habitantes de la Tierra tienen derecho a un salario que le asegure vida digna con su familia. También, derecho a seguros de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez… Derecho a seguridad social, descanso, tiempo libre y vacaciones pagadas. Derecho al bienestar, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y servicios sociales. Madres, niños y niñas tienen derecho a asistencia especial, y todo el mundo tiene derecho a educación fundamental gratuita…
Estos y otros más son derechos sociales, económicos y culturales de los artículos 22 a 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
El 10 de diciembre, sesenta años después de proclamarse la Declaración Universal, Naciones Unidas aprobó el Protocolo Facultativo para el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha de permitir demandar el respeto de esos derechos, exigirlos al poder político y denunciar sus violaciones y recortes ante los tribunales; como se denuncia, procesa, juzga y condena a quienes torturan, ejecutan extrajudicialmente, fuerzan desapariciones, retienen ilegalmente, impiden elecciones libres o cercenan la libertad de expresión.
Pero, como ha expuesto el Observatorio de derechos sociales del Colegio de Abogados de Barcelona, “el reconocimiento positivo de los derechos sociales está lejos de haberlos convertido en expectativas plenamente exigibles ante el poder”, en parte porque “la vulneración de los derechos sociales y económicos también se explica por la percepción devaluada que se tiene de ellos en relación con otros derechos considerados fundamentales”.
Se considera erróneamente que derechos sociales y económicos sólo son ‘principios’ o, según el periódico The Economist, ‘necesidades’. Pero son derechos, como certifica la legislación de la ONU. Como proclama Amnistía Internacional, los derechos humanos son indivisibles. No hay derechos de primera y de segunda, sólo derechos. Además, los derechos sociales no son nuevos, pues las primeras legislaciones democráticas (constituciones de Estados Unidos y la Francia republicana) ya proclamaban en el siglo XVIII el derecho a la búsqueda de la felicidad, la fraternidad y la igualdad. Y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), creada en 1919, proclamaba en su nacimiento que la paz sólo era posible con justicia social.
Incluso el más obcecado neoliberal reconocerá que la justicia social es hoy un objetivo lejano. El incremento de la pobreza así como de la obscena desigualdad, expresado por el aumento hasta 965 millones de hambrientos en los últimos tiempos, prueba la violación permanente y sistemática de derechos sociales y económicos. Pero hay más. Unos 2.800 millones de personas (casi la mitad de población mundial) malviven con menos de 2 dólares diarios. Un niño de cada cinco no puede acceder a educación primaria y 876 millones de adultos son analfabetos, de los que dos tercios son mujeres. Cada día, 30.000 niños de menos de 5 años mueren por enfermedades curables en países desarrollados, y en los países empobrecidos un niño de cada diez no cumplirá los 5 años. Más de medio millón de mujeres mueren cada año durante el embarazo o el parto. Más de 1.000 millones de personas no tienen acceso a agua potable…
Como denunció Nelson Mandela, la pobreza no es natural, la crea el hombre, y vencer la pobreza es un acto elemental de justicia. El respeto de los derechos sociales de todas las personas de la Tierra es justicia, no bienintencionado deseo. El aprobado Protocolo para el Pacto de Derechos Sociales ha de ser herramienta para luchar por esa justicia. Tarea ardua, difícil y prolongada, pero imprescindible. O con la injusticia se extenderá el caos. Y con el caos, más violaciones de derechos humanos que conducirían al panorama apocalíptico que pintan obras literarias y cinematográficas catastrofistas.
O ponemos remedio y se respetan todos los derechos humanos o la Humanidad comenzará la cuenta atrás.
Xavier Caño Tamayo
Periodista y escritor
