EL CRISOL – Pascual Mogica Costa
Solamente ha transcurrido poco más de año y medio desde que fuera hecho público por un medio de comunicación el que algunos parlamentarios británicos habían utilizado dinero público para gastos personales que nada tenían que ver con el desarrollo de sus funciones, solamente año y medio ha transcurrido y ya uno de los implicados ha ingresado en prisión, el entonces diputado laborista David Chaytor. Otros diputados laboristas y algunos lores conservadores están siendo procesados en los tribunales, acusados de robo por las reclamaciones de gastos falsos tal y como se dio en el caso de Chaytor. El escándalo provocó la dimisión de miembros del Gobierno y la retirada del Parlamento en las elecciones de mayo de decenas de diputados que, aunque no podían ser procesados judicialmente, quedaron desacreditados ante la opinión pública. Según reveló la prensa británica cientos de diputados recibieron orden de devolver más de un millón de libras tras conocerse que habían engordado los gastos que justificaban por sus cargos.
La lectura de esta noticia me ha llevado de inmediato a comparar la celeridad de la justicia británica con la de la española y como no, a establecer una semblanza entre como se ha llevado este caso y como se está llevando el caso GÁ¼rtel que ya lleva casi dos años dando bandazos y salvo algunas dimisiones, eso sí, sin devolver un solo euro del dinero público “mangado”, aún no se ha dictado sentencia firme contra nadie y mucho menos penas de cárcel efectivas. El pasado día 10 el diario El País publicaba un informe sobre la caótica situación en que se encuentra todo lo relacionado con el caso GÁ¼rtel. En un espacio de 40 metros cuadrados se halla ubicado el despacho del juez Pedreira que es quien lleva el caso y ese reducido perímetro lo comparte con otros dos jueces más. Los documentos relacionados con el caso están formando montones en el suelo y toda esta desastrosa situación, añadida a la falta de medios técnicos y humanos, hacen que las tareas a seguir para el esclarecimiento de los hechos y adjudicar responsabilidades penales a los más de 80 imputados, el mayor escándalo político de la democracia, sea casi una misión imposible.
Son dignas de mención las palabras de Ángel Galindo, el abogado de José Luis Peñas, el ex edil del PP cuya denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción puso al descubierto los millonarios sobornos a altos cargo del PP que pagó la trama a cambio de contratas de obras o de actos públicos inflados de precio, según relata El País. Lo dicho por el abogado es lo siguiente: “Hay que dotar a los tribunales de muchos más medios para la lucha contra las tramas tan dañinas como esta para la sociedad, y lanzar un mensaje de que el corrupto que la hace, la paga rápidamente”. Estoy de acuerdo con este abogado y a sus palabras añado las mías en el sentido de que así es como se acaba con la corrupción. La decisión y la celeridad para resolver estos casos de los tribunales británicos es un ejemplo a seguir. Lo que está sucediendo en España, la forma en que se están llevando los casos de corrupción, está propiciando el que antes de haber cerrado judicialmente un caso, se estén produciendo otros. De seguir así esto será como el cuento de nunca acabar. Aunque para acabar existe eso que se llama “prescripción”. Sino que se lo pregunten a Carlos Fabra.
