Privatizar
Los profesionales sanitarios de media España, en especial los de Madrid, donde el Gobierno de la Comunidad ha anunciado el traspaso a la gestión privada de un número importante de hospitales y centros de salud, andan soliviantados en concentraciones y manifestaciones en contra de tales proyectos. En pancartas y declaraciones expresan su defensa de una sanidad pública, financiada por el Estado con cargo a los presupuestos. Es una actitud loable que recibe el apoyo incluso de usuarios y pacientes acostumbrados a recibir asistencia sin tener que pagar directamente ningún recargo por ello -hasta la fecha-, aunque a los pensionistas ya se les ha hecho satisfacer un porcentaje por las medicinas, que para ellos eran gratuitas, y para la expedición de recetas deberá abonarse un euro. Eso de ir “gratis” a los hospitales parece que pasará a la historia, a pesar de que la viabilidad del sistema público sanitario esté sustentado en los impuestos que pagamos todos de nuestros bolsillos.
Los médicos, enfermeros y demás personal sanitario se han levantado, con paros y protestas, contra unos planes de privatización que son impulsados en las comunidades gobernadas por el Partido Popular, siguiendo el ejemplo del hospital de Alzira (Valencia) y que se pretende continuar también enla Comunidadde Castilla-La Mancha y Madrid. Hasta la fecha, hay proyectos de privatización para 10 hospitales en ambas regiones, lo que podría representar un negocio de unos 500 millones de euros y el cierre de determinados servicios y prestaciones de escasa rentabilidad económica, no social.
Lo más llamativo de estas reacciones es que se producen en comunidades donde gobiernan los conservadores, en cuyo programa revelan su intención de “adelgazar” la administración y entregar a la iniciativa privada la provisión de aquellos servicios que estaban en el sector público. Tal intención había recibido el apoyo mayoritario de los votantes de esas regiones, dando su conformidad a esas promesas privatizadoras y al modelo de gestión que preconizan. Tanto en Valencia como en Madrid, los populares llevan años obteniendo holgadas mayorías parlamentarias que les han permitido llevar a la práctica sus promesas electorales, como también ahora desde el Gobierno dela Nación. Era una actitud consecuente –esas políticas privatizadoras- con la ideología liberal que caracteriza a ese partido y de la que venía dando avisos poco honorables, como el de apartar a un responsable facultativo de su puesto acusándolo de practicar la eutanasia con los pacientes terminales, como hizo Esperanza Aguirre con el doctor Montes.
Es por ello que causa cierta perplejidad que, quienes apoyaron unas medidas tan evidentes, se rebelen ahora contra las mismas cuando comienzan a ser ejecutadas, como si desconocieran las intenciones programáticas a la hora de confiarles el voto. Se me podrá argÁ¼ir que probablemente ninguno de los manifestantes son votantes de la derecha y que, si así fuera, se sienten engañados con esas iniciativas privatizadoras. Lo que se descubre, en cualquier caso, es que el ejercicio del voto se realiza por parte de mucha gente sin la ponderación debida de lo que ello supone, máxime en períodos de crisis económica como el que estamos sufriendo, donde cada opción política representa formas distintas de combatirla. Porque no es cierto que ya no existan ideologías, sino que están más camufladas que nunca para evitar su rechazo entre una extensa clase media adormecida y temerosa de cualquier cambio social.
Gracias a estas movilizaciones a favor de lo público, ¿tendremos por fin claro qué modelo de sociedad queremos? ¿O sólo afecta a la sanidad?
