La Cámara baja dió luz verde esta semana a la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Tras dos años desde que se presentó el borrador, la norma modifica ocho leyes y aspira a “poner a la ciencia en el centro de la sociedad y a la innovación, en el centro de la economía”, según ha declarado Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación, en el Congreso.
“Tiene algo de simbólico que el día de hoy coincida, prácticamente, con el 25 aniversario de la Ley de la Ciencia de 1986”, ha señalado esta mañana Cristina Garmendia, ministra de de Ciencia e Innovación en el Congreso de los Diputados.
La Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que ha sido aprobada hoy por la Cámara Baja, culmina así dos años de negociaciones desde que se conociera el primer borrador.
La comunidad científica y los grupos parlamentarios del Senado y del Congreso han realizado algunas modificaciones en el texto, cuyo objetivo es “poner a la ciencia en el centro de la sociedad y a la innovación, en el centro de la economía”, según Garmendia.
La norma, que modifica ocho leyes vigentes, será, junto a la Ley de Economía Sostenible, parte de los cimientos sobre los que construir un nuevo sistema productivo más sostenible y estable a largo plazo. Para ello, se facilitará la participación del sector privado en la investigación.
Los cuatros grandes retos a los que responde son: el diseño de una carrera científica basada en méritos, que permita retener y atraer talento científico; la necesidad de un sistema de I+D más eficiente y eficaz; el cambio de modelo productivo y profundizar en la cooperación entre administraciones y en el seno de la UE.
Una norma que favorece la movilidad
Para responder al primer reto se ofrecerá un contrato temporal desde la fase formativa previa al doctorado (se eliminan las becas del sistema público de I+D). Para doctores, se contempla un contrato de acceso al sistema español de ciencia, tecnología e innovación.
Además, se crea un proceso de acceso al empleo público para ofrecer más estabilidad a la carrera de los investigadores. El personal del Sistema Nacional de Salud con tareas investigadoras será considerado personal investigador y, en el plazo de dos años, la norma establece que el Gobierno elabore un estatuto del personal investigador en formación.
La ley también favorecerá la movilidad entre universidades y organismos científicos como el CSIC, pero también del sector público al privado, con excedencias especiales para científicos que quieran crear empresas de base tecnológica. Por último, se facilita la captación de talento internacional a través de un nuevo contrato especial para investigadores distinguidos.
El reto I+D se abordará con la creación de la Agencia Estatal de Investigación, que realizará una gestión más ágil, flexible, estable y eficiente, preservando los principios de evaluación y transparencia y con los debidos controles de gestión. Por su parte, el nuevo Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación contará con la participación de la comunidad científica y los agentes económicos y sociales.
Con el objetivo de afrontar el tercer desafío, se reforzarán las conexiones entre el sistema público de ciencia y tecnología y el tejido empresarial. Se recoge la singularidad de la Joven Empresa Innovadora y se crea la Estrategia Española de Innovación.
Impulso de la compra pública y la cooperación
También se estimula la actividad innovadora a través del impulso de la compra pública innovadora, la cooperación territorial y la internacionalización de la actividad innovadora, y se fomenta la cooperación público-privada.
Además, la ley define un modelo de gobernanza que incluye instrumentos de coordinación con las Comunidades Autónomas a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Política Científica y Tecnológica. El Gobierno estará autorizado a reorganizar los organismos públicos de investigación.
La norma incluye aspectos vanguardistas, como la perspectiva de género, la cooperación al desarrollo, la difusión del conocimiento a la sociedad, al permitir el acceso abierto a los resultados de investigación financiados con fondos públicos y fomentando la divulgación, y la introducción de la dimensión ética, con la creación del Comité Español de Ética de la Investigación.
Fuente: SINC / MICINN
