El Poder está matando a la Justicia
El 12/11/2012 aparecía en la prensa la siguiente noticia: Las cajas de ahorros suspenden los desahucios a grupos vulnerables. Creo que la noticia debería haber sido: “Ninguna entidad intervenida por el Estado y ninguna entidad acogida al dinero estatal facilitado por el FROB, está legitimada para llevar a cabo un desahucio”. Esa tendría que ser la noticia, porque ningún banco rescatado está legitimado éticamente para realizar desahucios. Su vulnerabilidad ha sido asumida por el Estado ¿no? Pues entonces, si hay que cambiar la Constitución que se cambie que ya está bien de que el peso de esta crisis financiera recaiga mayoritariamente en los que no la hemos provocado. ¿Es justificable que el Gobierno haya dedicado sumas millonarias a salvar y proteger la banca y que no haya tomado ni una sola medida efectiva para acabar de una vez por todas con la desprotección de las familias de menos ingresos que pierden sus viviendas? ¿Tan difícil era cambiar las leyes para establecer medidas como la dación de pago, la creación de tribunales que gestionasen la restructuración de la deuda familiar o la disminución temporal de las cuotas para las personas sin ingresos o en paro? Las ejecuciones hipotecarias han estado arrastrando una media de 526 desahucios diarios y han provocado suicidios y un sufrimiento personal y social tremendo. Tiene gracia, a los políticos del PP siempre les preocupa la imagen que se esté dando de España en el extranjero, ante una manifestación. Pero curiosamente no les preocupa la imagen que se esté dando de España ante los desahucios. Manifestaciones se da en cualquier país de Europa porque es una respuesta legal de los ciudadanos ante una política adversa. Sin embargo, según la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, la ley hipotecaria española puede ser incompatible con la europea porque no permite a un juez frenar los desahucios. Dicha ley que rige en España data del año 1909. Por favor… ¿No es hora ya de que se modifique la legislación?
El pasado 9/11/2012, Amaia Egaña, vecina de la localidad vizcaína de Barakaldo, se suicidó momentos antes de que una comisión judicial, que se disponía a ejecutar una orden de desahucio, la obligase a abandonar su casa. A finales de octubre, un hombre de 54 años apareció ahorcado en su vivienda de Granada horas antes de su desalojo. Un joven, afectado por una ejecución hipotecaria, murió tras saltar desde un puente en Las Palmas de Gran Canaria. Y un varón de 50 años trató de quitarse la vida en Burjassot (Valencia) cuando iba a ser desahuciado. Al parecer en nuestro país se están produciendo entre nueve y diez suicidios cada día y un tercio de ellos, según se puso de manifiesto en un reciente congreso de Psiquiatría, son los que tienen que ver con problemas económicos de diversos tipos originados por la crisis. Es un dato horrible. Un verdadero drama cuya responsabilidad recae muy directamente sobre las autoridades e instituciones del Estado que hasta hace dos días no han hecho absolutamente nada efectivo para evitarlo, todo lo contrario, lo han provocado con las políticas que han venido aplicando e incluso lo han facilitado, como esos jueces que han llegado a decretar que los desahucios se llevasen a cabo sin previo aviso para evitar que la población acuda en ayuda solidaria de los afectados. Me pregunto cómo es posible semejante canallada. El suicidio de Amaia (tercero en meno de una semana); la presión social e institucional clamando por una solución inmediata al drama de los desalojos; y el tirón de oreja que ha dado el Tribunal de Justicia de la UE, obligó a que en el mitin de la campaña electoral catalana el presidente del Gobierno indicara que espera concretar diversas medidas, como «la paralización temporal de los desahucios que afectan a familias más vulnerables». Así mismo aseguró que quiere, dentro de ese paquete de medidas, poder hacer más fácil «renegociar la deuda y permanecer en la vivienda cuando eso no sea posible». Por último, Rajoy remarcó que confía en dar pronto «buenas noticias» a los españoles y que este problema hay que abordarlo con «mucha humanidad”. Poco después de estas afirmaciones del Presidente del Gobierno, la Presidenta de Castilla-La Mancha Mª Dolores de Cospedal, decía ante los micrófonos: “Hay que agradecer al Gobierno esta sensibilidad”.
De verdad, a veces pienso que estos políticos han perdido completamente el norte. O sea, después de las pérdidas de vidas, después de tanto sufrimiento y después de haber hecho oídos sordos a la presión popular durante tanto tiempo, el Gobierno actual descubre que tiene que tomar medidas y el gobierno anterior descubre que tiene que pedir perdón. ¿Es por esto por lo que debemos mostrarnos agradecidos?
El 27/09/2912, en la Asamblea General de la ONU, Rajoy rechazando las manifestaciones contra los recortes, del 25-S, encomió “a la mayoría silenciosa” que no se manifiesta y que, a su juicio, asume los sacrificios sin quejarse. Exactamente, lo que siempre se nos dijo; que seamos buenos, que no protestemos, que nos quedemos en casa calladitos que es así como deben actuar los buenos españoles, la gente decente, honrada, la gente de bien. Pues señor Presidente, siento disentir. Creo que los buenos españoles son los que sostienen la cordura de éste país; los que toman el pulso de los acontecimientos y no se achican; los que entienden que se está poniendo en juego la tranquilidad y el futuro de España; los que son conscientes de que los responsables de tanta incertidumbre, de tanto desmantelamiento financiero y de tanta tropelía, son precisamente las mentes de los convenios. Los buenos españoles son conscientes de que, lo mismo los bancos que los mercados y sus lacayos, los políticos, no responden al principio de servir al pueblo sino que, al contrario, se mueven a través de fríos cálculos de beneficios sin reparar en las víctimas que generan. Es por ello, señor Presidente, que los buenos españoles entienden que semejante dominio oligárquico requiere una respuesta social a la altura de su deslealtad y a la ausencia de los principios más elementales de la ética, la justicia y el buen gobierno.
La protesta en la calle es legal, necesaria, razonable y la única manera de que se tenga en cuenta nuestra voz.
